Cátedra UBO Historia Colonial de Chile

Mano de obra indígena en el Chile Colonial

2007-09-13T20:33:00.000-07:00

Los asentamientos de indígenas bajo el ordenamiento colonial

Desde el inicio del avance español en los territorios indígenas de Chile, se mencionó la existencia de diversas formas de asiento de los aborígenes, los que fueron denominados por los conquistadores de manera genérica como pueblos de indios.

La reducción de los indígenas en asentamientos estructurados bajo el ordenamiento hispano, estuvo vinculado desde sus inicios a la entrega demercedes de tierra y a la institución de la encomienda ; principales causas del traslado de los indígenas desde sus pueblos hacia diversos lugares donde el encomendero necesitó mano de obra para realizar sus actividades económicas. De esta manera, los indígenas terminaron habitando en estancias, haciendas, obrajes y otros lugares de trabajo hispano, donde muchas veces se establecieron pueblos de indios.

En 1580 se promulgó la Tasa de Gamboa, que normó la reducción de la población indígena encomendada y tributaria a pueblos de indios, siguiendo el modelo establecido por el virrey Francisco de Toledo. El objetivo de estas medidas dictadas por la autoridad colonial, fue regular el sistema de tributo de esta población, así como también lograr la integración de ellos a la vida social, política, económica y religiosa del sistema colonial. Como consecuencia de lo anterior, se fundaron una serie de pueblos de indios siguiendo las ordenanzas hispanas, que señalaron los lugares de asentamiento, la cantidad de tierra y acceso al agua que se les debía entregar a los indígenas, las cantidades de tierra correspondientes a la comunidad, a los indios tributarios, viudas, huérfanos, ancianos y caciques . En estas tierras los indígenas debían cultivar sus chacras y criar ganado para consumo propio y de la comunidad.

Como complemento de esta medida, en 1602, el gobernador Alonso de Rivera intentó determinar los límites de las tierras pertenecientes a los indígenas. Y ordenó realizar una visita y mensura general de las tierras de españoles e indígenas, encomendando esta tarea a Ginés de Lillo.

Sin embargo, este sistema que intentó mantener a los indígenas separados de los españoles, en la práctica, no prosperó debido a las formas de trabajo y al tributo impuesto a los indígenas basado en el servicio personal.

Frente a esta situación, desde fines del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, las autoridades tomaron una serie de medidas destinadas a mantener la existencia de los pueblos de indios. En el siglo XVIII, la Corona, como parte de las políticas reformistas impulsadas por Carlos III, intentó nuevamente implementar una política de reducción de la población indígena a pueblos de indios y en 1703 se ordenó nuevamente la agrupación de los indígenas en pueblos. Esta nueva disposición tampoco obtuvo resultados ya que se utilizaron principalmente las tierras de los pueblos de indios para llevar a cabo la fundación de ciudades y villas españolas, y para extender las propiedades colindantes pertenecientes a los hacendados y estancieros.

En 1791 se abolió definitivamente el sistema de encomiendas y se intentó reagrupar a los indígenas en diversos pueblos; la medida fracasó porque los aborígenes siguieron habitando en las haciendas y estancias donde trabajaron como indios libres.

Finalmente en 1821, se dictó un decreto supremo en el cual se declaró la propiedad individual de los indígenas sobre sus tierras ubicadas en los pueblos de indios, lo que permitió, en un corto plazo, enajenación a particulares.

Latifundio y poder rural en Chile de los siglos XVII y XVIII

2007-09-13T20:06:00.000-07:00

Latifundio y poder rural en Chile de los siglos XVII y XVIII (1)

Autor

Mellafe, Rolando

Cita

Mellafe, Rolando. Latifundio y poder rural en Chile de los siglos XVII y XVIII. Revista de Estudios Históricos, Volumen 1, Nº1 Agosto de 2004

Latifundismo

El latifundio es una unidad económica y social al mismo tiempo que foco de poder rural, que se forma mediando históricamente circunstancias especiales. La declaración parece perogrullada, la hacemos, sin embargo, porque demasiado a menudo los historiadores y cientistas sociales olvidan la médula histórica del fenómeno. Así, unos creen que en América Latina colonial latifundio y encomienda son una misma cosa, otros piensan que tras la expansión española en el continente apareció el latifundio —gracias a las mercedes de tierra— como un complejo ya maduro y definitivo y que perduró intacto hasta la actualidad. Muy pocos son, finalmente, los que toman en cuenta que en la medida que el contorno histórico varió, las características económicas y sociales y las posibilidades del latifundio en el manipular del poder también variaron considerablemente.

En algunas épocas de la evolución histórica del continente los latifundistas alcanzaron la plenitud de su poder, pero en otras tuvieron que transar, como grupo o individualmente, ante otras fuerzas, representadas por diferentes sectores de la economía y la sociedad. Lo que parece incuestionable, en todo caso, es que latifundismo y poder rural, latifundismo y poder regional y nacional, son fenómenos históricos siempre íntimamente relacionados. De lo que no estamos seguros, es de cómo llegó a ser cierto y cuáles fueron los primeros vínculos de dominio entre quienes poseían la tierra y el resto de la constelación socioeconómica y de gobierno en un momento particular de la historia. Para ayudar a comprender este proceso intentaremos describir aquí, a grandes rasgos, lo sucedido en Chile en los momentos en que surge, se afianza y alcanza una primera plenitud el latifundio tradicional.

Queremos decir primeramente que dejaremos de lado el problema de la mera tenencia de la tierra. Es el punto más básico, pero también uno de los más perturbadores en el tema. Un propietario que posee una gran extensión de tierra no es, por ese sólo hecho, un latifundista. No fue, por cierto Cristóbal Colón el primer latifundista de América. Ni tampoco lo fueron los conquistadores, que recibieron toda la tierra que quisieron, con o sin indios. Las cuestiones claves son: 1) que el terrateniente, además de la tierra, tenga bajo su dirección más o menos directa algo que manejar, manipular y dominar en forma excluyente de otros grupos o personas, cuestión que conlleva un cierto grado de oposición a su acción; 2) La racionalidad y “economía” con que maneja la tierra, lo que implica mayor o menor grado de eficacia económica, social y política.

Tomando en cuenta las constantes anteriores, desde hace ya algunos años acostumbramos distinguir —desde la invasión europea al continente Americano hasta nuestros días— por lo menos cuatro fases de desarrollo distintas del latifundio, que por supuesto, dan tipos diferentes de grandes propiedades: una etapa de prelatifundio o de frontera agraria, otra de latifundio antiguo, otra de latifundio tradicional y una última de latifundio moderno. Aunque el presente estudio se refiere especialmente al tercer tipo de ellos, vale decir al latifundio tradicional, nos parece oportuno detenernos en una breve caracterización de los tres primeros^[²^].

Se acostumbra decir, con ligereza, sobre los españoles que llegaban a participar en la conquista de América, que buscaban la posesión de la tierra porque ella daba “prestigio y riqueza”. Creemos que ocurría todo lo contrario en el período del prelatifundio, que cronológicamente cubre la conquista y sus decenios siguientes. En aquellos años el prestigio y la riqueza da también, entre otras cosas, la posesión de la tierra. La tierra es un elemento más que se distribuye a los conquistadores y sus descendientes, junto con títulos y honores, con el derecho de usufructuar del trabajo y tributación de los indios, con la excepción de impuestos, con la oportunidad de trabajar las minas, etc. La tierra que se da generalmente vale poco, no se trabaja ni rinde mucho económicamente. Es una tierra en que los accesorios de producción que se ponen sobre ella, como ganados, indios, esclavos, valen mucho más que ella misma. Al período de prelatifundio lo hemos denominado también “etapa de frontera agraria”, porque es un lapso de formación de una economía agraria, de intensa aculturación y de ensayos de distintos tipos de producción agrícola.

Lo que se logra en el período de prelatifundio es precisamente plasmar las bases necesarias al surgimiento del latifundio. Estas se consiguen fundamentalmente a través de la estructuración de mercados agrarios y del control del Estado sobre la posesión de la tierra. Lo primero se realiza en un complejo de condiciones que se van dando en distintas épocas en el Continente, a lo largo de los primeros 50 años del asentamiento europeo. Entre las más importantes anotamos: la apertura de capacidad de consumo de productos agrarios en áreas no rurales, un sistema de cambios --monetario o no-- continuo y estable, un sistema permanente de medidas de longitud y de volumen, una cierta disponibilidad de mano de obra no encomendada y, finalmente, un aparato legal que ampare y garantice la continuidad de todo lo anterior^[³^].

Lo segundo, es decir el control estatal, trata por una parte infructuosamente de detener los mecanismos de acumulación de tierras de indios en manos de empresarios españoles, generalmente conseguidas ilícitamente. Y a través de imposiciones fiscales extraordinarias y especiales, entrega la licitud perpetua de la ocupación, originando de este modo la legitimidad de la ocupación y usufructo de la tierra, cosa que altera en buena medida el incipiente “mercado” de la tierra^[⁴^].

En la etapa del prelatifundio la inversión en la producción agrícola es baja, la tecnología empleada es pobre y la racionalización de la empresa agrícola muy primitiva. Las excepciones a esta regla general serían las plantaciones de monocultivos tropicales, las plantaciones andinas de coca y, mucho más atrás en relación a la extensión y monto comercial del cultivo, algunos viñedos en regiones de Perú y Chile. En igual forma, y con las excepciones ya dichas, el rendimiento económico de la tierra es también bajo. Salvo en casos contados, en que el rendimiento de la tierra estuviera directamente conectado con circuitos mineros o en otros, como los complejos productivos jesuíticos, donde exenciones de impuestos se combinan con producciones “encadenadas” de material altamente rentables como la yerba mate o la caña de azúcar. El resto de las propiedades clasificables como prelatifundio muestran fenómenos de derroche de mano de obra y otros recursos, especialmente el agua de regadío, aprovechamiento masivo de la producción local autóctona, captada a través del tributo indígena, escasez de capitales y de créditos.

Cumplida la etapa formativa, arriba anotada, estamos en presencia del denominado latifundio antiguo. En los diferentes reinos que constituían el mundo colonial latinoamericano hay variaciones de forma y de cronología en este advenimiento. Pero al mismo tiempo hay fenómenos comunes, que forman una especie de telón de fondo del nuevo proceso. En la primera mitad del siglo XVII pueden advertirse en todo el continente los efectos de una crisis de la producción metalífera y —quizás derivada de la anterior— de las corrientes de comercialización internas y externas a las colonias. Hay cierta saturación de los mercados europeos, un recrudecimiento de las políticas monopólicas en favor de la metrópolis y, entre los signos más importantes, escasez de mano de obra, cuando a mediados del siglo la población americana llega a su nivel más bajo.

A principios del siglo XVII es ya casi legendaria la figura del conquistador-empresario. Se nota con más claridad un sector económico agrario, otro minero y otro de comerciantes. La encomienda ha dejado de ser, en todas partes, la principal proveedora de mano de obra y de artículos agrícolas y manufacturados de uso generalizado. Por exigencias de los mercados locales o externos, las distintas regiones del continente han especializado su producción a tal grado que muchas comunidades de indígenas, campesinos y manufactureros ya no pueden ser autosuficientes.

Es en este cuadro conflictivo donde el antiguo terrateniente se transforma en un “primitivo” latifundista. Se une a otros propietarios y desde entonces, en calidad de miembro de un grupo identificado con cierto tipo de producción y de intereses, debe actuar ante los cabildos, en la Mesta, ante los exportadores, los gobernantes y las audiencias. La lucha contra varios frentes adversos le da consistencia al grupo, le confiere solvencia y eficacia. Ataca y se defiende de las comunidades indígenas, presiona a la minería, al comercio y a la iglesia para conseguir créditos. Obtiene de los gobiernos virreinales y locales franquicias arancelarias, aquí y allá comienza a manejar el poder a nivel provincial.

Pero, muy especialmente, lo que consigue el latifundio antiguo ante el asedio de los monopolios, la falta de mano de obra y la escasez de capitales, es una primera racionalización de la empresa agrícola. Históricamente por lo menos, la racionalización de la economía agraria no significa necesariamente ni mejoramiento tecnológico, ni mayor producción. Los términos no son excluyentes, pero tampoco necesarios. La racionalización en esta etapa del latifundio significa simplemente una mayor eficacia en el uso de los recursos disponibles. Una hacienda mixta, por ejemplo, con un mediocre rendimiento y baja tecnología, que en otras palabras, no renueve convenientemente sus ganados, ni aprovecha bien los pastos, que no utilice eficientemente el regadío, ni la totalidad de las áreas cultivables, puede en realidad estar explotada con un alto grado de racionalización de la empresa agraria. Sería así, si teniendo como parámetros por un lado los insumos que necesita para esa baja productividad y por otra las erráticas demandas del mercado y los precios, obtuviera un rendimiento económico óptimo. En otras palabras, un rendimiento muy barato para un mercado muy deficiente. Una sobreproducción ociosa le resultaba al latifundio antiguo doblemente costosa.

La relación racionalización, tecnología y productividad se estrecha más en el período siguiente, que cronológicamente corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII y al XIX y que denominamos latifundio tradicional. Pero no se piense, de todos modos, que en este último período se ha logrado una relación plena y directa entre los tres aspectos antes mencionados^[⁵^].

El marco social y económico del latifundio tradicional es bien diferente del anterior y esto, por lo menos en parte, le da algunas de sus características más notables. Surge este último junto a una importante expansión de los mercados internos y externos, acompañado de un crecimiento regularmente acelerado de la población rural. El acceso al crédito y a las corrientes de circulación monetaria es también mayor, llegando incluso a alternativas de “fomento” de la agricultura. Pero estas mismas bondades acarrean problemas nuevos. Entre ellos, el latifundio se ve ahora a menudo cercado por pequeños propietarios, por comunidades indígenas y mestizas, por una creciente población flotante, generalmente no muy amistosa. La presión demográfica de los desposeídos es también interna en la hacienda, la más estricta y minuciosa racionalización agrícola no se compadece con el crecimiento vegetativo de las propias familias que moran dentro de las grandes unidades productivas; el latifundio debe expulsar habitantes que se suman a la presión exterior.

La mayor amplitud de los mercados trae nuevos monopolios: compradores en verde, bodegueros, embarcadores y fleteros, importadores, etc. La iglesia, de ser una institución que proporciona préstamo, se convierte en verdaderamente usurera y, además, compite, amparada en regalías del período anterior, con la colocación de productos extraídos de sus propias haciendas. Las relaciones con la minería son también muchas veces conflictivas; el latifundio antiguo había experimentado un sordo forcejeo por la mano de obra con los mineros, pero ahora se prolonga por el uso de recursos naturales, por el control de nuevas poblaciones, por la circulación incluso, a través de las grandes propiedades.

Pero quizás la lucha más singular es la que se entabla entre el latifundio ya maduro y la burocracia estatal. El nuevo concepto de Estado del Despotismo Ilustrado, implementado a través de una serie de “reformas”, torna militarmente eficiente y unida a la burocracia estatal. Esta quiere ahora ejercer efectivamente el poder y, entre otras cosas, manejar el ámbito rural, como una alternativa más del potencial productivo y sumiso de un conjunto colonial. Haciendo más complicado el panorama para el latifundio tradicional, hay evidencias crecientes que pequeños grupos urbanos, que van surgiendo aquí y allá —y que con las salvedades del caso estamos tentados de llamar burguesía— tienden a juntarse con la burocracia estatal, incluso en pequeñas ciudades de provincias. La política agresiva desarrollada por los latifundistas contra estos grupos se planteó en un principio como una táctica simple de mediatización y destrucción de frentes opositores, que le molestaban en el control del ambiente rural. No tenían un proyecto político global, que pudiera conducirlos al manejo del gobierno nacional. Pero esta acción fue adquiriendo tal fuerza que, después de la Independencia, tanto en Chile como en América Latina, concibió y generalmente logró la captura del poder total.

El latifundio tradicional logra pues su plena madurez y consistencia despejando, neutralizando y dominando los obstáculos que se le oponían en el control de lo rural en todas sus formas. Los elementos más importantes de este grupo de latifundistas, empeñados en esta tarea --recién ahora— se perfilan como lo que será luego la aristocracia nacional que, según puede inferirse de los que decimos, resultaría una clase social mucho más “joven” de lo que tradicionalmente se cree. A esta altura de la evolución del latifundio la tierra tiene un significado totalmente distinto que dos siglos antes. Ahora puede producir y tiene valor por sí sola, ya es válido decir que la posesión de la tierra da poder y prestigio.

Antes de terminar con esta, más bien larga —pero creemos necesaria— introducción, queremos tratar de aclarar dos puntos importantes. Si aceptamos que el latifundio como cualquier otro fenómeno histórico ha sufrido múltiples cambios de evolución, desde sus orígenes hasta la actualidad —y no necesariamente éstos deben ser los que describimos anteriormente— no podemos usar más una definición de él en los términos a-históricos que se acostumbra comúnmente. No somos partidarios de las definiciones y lo que diremos a continuación sólo pretende reunir los elementos importantes que se notan en su evolución. Históricamente el latifundio es una propiedad unipersonal, relativamente extensa, que constituye una unidad económica y social con algún grado de racionalización de la producción y que tiende a ser excluyente respecto a la distribución productiva y al uso de los recursos agrarios. Está bajo constantes presiones de carácter demográfico y político y muestra agresividad ante los frentes adversos.

Decimos que es unipersonal oponiendo este término a usufructo comunitario, aunque muchas veces, por sucesión testamentaria, su manejo esté entregado a una comunidad hereditaria. Lo de relativamente extenso, se explica pensando que en algunas regiones de América Latina, el ejercicio de acaparamiento y monopolio de la tierra puede expresarse en la posesión de extensiones territoriales pequeñas si se comparan con otras regiones del Continente. Lo que da categoría de latifundio en estos casos es la existencia paralela —en la misma región— de familias y de la tenencia monopólica de los accesorios de producción.

Finalmente —y esto también ya se ha dicho— históricamente en una región, reino o país, lo normal es que el paso de un tipo de latifundio a otro no se realice uniforme y contemporáneamente. Resulta así que una de las características más notables del latifundio tradicional, por ejemplo, es su capacidad de desarrollarse junto —y a veces a costa de— otros latifundios antiguos y de áreas de fronteras agrarias que sobreviven en la misma región. Es normal y frecuente que en Latinoamérica del siglo XIX encontremos países, o secciones de países, donde por largo tiempo coexisten los cuatro tipos de propiedades ya mencionadas, unidas generalmente por relaciones de dependencia interna^[⁶^]. En estos casos el grupo de latifundistas, como clase social, mostraría también una especie de estratificación interna, que se expresa no tan sólo en sus relaciones económicas, sino también en su comportamiento social y político.

El latifundio antiguo y la captura de la población

El esquema de la evolución del latifundio esbozado en líneas anteriores es válido para toda América Latina, con excepciones respecto a su cronología y a algunos tipos de cultivos que, por estar más conectados a mercados exteriores que internos, tienden a seguir caminos independientes. Las empresas agrícolas dedicadas especialmente a la producción de azúcar, tabaco, cacao, algodón y café, son a menudo, pero no siempre, excepciones al esquema descrito. En Chile esas etapas se cumplen bien, aunque muchas veces los procesos que precipitan la transformación del agro —y por lo tanto la posición económica y social de quienes lo dominan— suelen ser diferentes a las de otras regiones del continente.

La ausencia en Chile de extensas comunidades agro-manufactureras a la llegada de los conquistadores, así como la inestabilidad que durante el siglo XVI provocó la prolongada guerra de Arauco en materia de usufructo de la tierra y la mano de obra, podían haber producido un retardo en la liquidación de la etapa de la Frontera Agraria. No fue así sin embargo. La gran sublevación indígena de 1598, la destrucción de las ciudades del sur y la pérdida de los lavaderos de oro de esa región, precipitaron el advenimiento del Latifundio Antiguo en forma más rápida de lo que pudiera haberse esperado. El asentamiento español y foco productivo, que había sido fuerte en el área comprendida entre Concepción, Valdivia, Osorno e Imperial, se desplazó inmediatamente desde Chillán al norte, comprometiendo rápidamente la ocupación de las mejores tierras agrícolas extendidas entre esa ciudad y Santiago (7). En efecto, el otorgamiento de mercedes de tierras —y también un mercado de ellas- se va abriendo para esa región geográfica de proporciones muy modestas a principios de siglo XVII, hasta una demanda verdaderamente importante en la segunda mitad del siglo XVIII. De más está decir que el llamado “Valle Central” se convirtió en el ámbito tradicional del latifundio y de la producción agrícola del reino.

El medio en que se desarrolló la primera economía agrícola del reino fue verdaderamente difícil. Aunque la tierra era fácil de conseguir gratuitamente, no había capitales, mercados, implementos ni mano de obra. La sublevación de 1598, y posteriormente el establecimiento de una línea fronteriza permanente a lo largo del río Biobío, restaron para los españoles un poco más de la fuerza de trabajo indígena: de unos 550.000 indios aproximadamente a 230.000^[⁸^]. La crisis económica fue muy aguda después del terremoto de Santiago de 1647, cuando fuera de la destrucción material se dejaron de otorgar censos y préstamos a interés, debido a la suspensión del servicio de las deudas y a la falta de bienes urbanos muebles para garantías hipotecarias. Esta crisis del medio siglo se encadenó con otras que, en diferentes años y regiones, se fueron presentando en el Cono Sur del Virreinato Peruano: Tucumán, Córdoba, Potosí, Cuyo, Lima, etc.^[⁹^].

Pese a todo, la gran hacienda del Valle Central y del Norte Chico fue tomando contornos permanentes, teniendo como mercados la proveeduría del ejército y una exportación lentamente creciente de carnes ahumadas, cueros, cordobanes, sebo, jarcia, cereales, frutas secas y vinos al Perú y Alto Perú. Fuera del ejército, el mercado interno era aún casi nulo^[¹⁰^]. Difícil hubiera sido el surgimiento de una primera economía agraria que no fuese ganadera. Fuera de las razones antes dichas, se vivió aún en el Valle Central del siglo XVII un clima bélico constante. La sublevación del año 1655 llegó a afectar hasta territorios que se encontraban al norte del río Maule. Por otra parte, la mano de obra que se podía conseguir en el sur, por razones culturales, no era apropiada ni tenía inclinaciones para las labores de cultivo, pero sí estos indios eran buenos peones montados y vaqueros. Algunos hacendados que tenían encomiendas de indios en los alrededores de Santiago, los trasladaron como cultivadores y productores artesanales, a los extensos territorios vacíos de más al sur^[¹¹^].

El latifundio antiguo se vio, de este modo, ante la primera gran tarea que le dio unidad y una cierta uniformidad en sus relaciones de producción; ésta fue, conseguir mano de obra permanente. No existió un plan concertado por los latifundistas en esta tarea, pero sus maneras de actuar y sus reacciones fueron siempre las mismas. Las soluciones que practicaron fueron especialmente tres: 1) Los hacendados que tenían encomiendas o acceso a este tipo de indios por arriendo, contrato, etc., los trasladaron desde sus pueblos o tierras al interior o a lugares cercanos a sus propias tierras; 2) Se fomentó y desarrolló la trata de indios esclavos obtenidos de la guerra de Arauco, y se les mantuvo en las haciendas con diferentes status, pero que, por lo menos jurídicamente, establecía la condición de esclavo permanente o temporal; 3) Fueron recogiendo a la población libre, constituida por españoles pobres, mestizos blancos y negros; mulatos y negros libres, indios libres, etc. y los ubicaron dentro de sus haciendas reteniéndolos con diversos tipos de participación o usufructo y distintas modalidades salariales. El segundo y tercer tipo de trabajadores agrícolas, pero especialmente el último formó la primera generación de “inquilinos”, sobre los que Mario Góngora nos ha entregado un buen estudio ^[¹²^].

En el plan de trasladar los indios de encomienda a tierras privadas, los hacendados chilenos tuvieron a su favor algunas circunstancias. En primer lugar no existían en Chile comunidades agrarias indígenas, corno las peruanas, que pudieran ofrecer alguna resistencia en defensa de sus tierras y pueblos. Las pocas que hubo desde el río Maule al norte y que se habían formado por influencia incaica, desaparecieron en los primeros decenios de la conquista. Los gobernantes no tuvieron pues la ayuda de los mismos indios en la aplicación de una posible legislación protectora al respecto, como ocurrió en cierto grado en Perú y en mucho mayor en México.

La segunda circunstancia tiene alguna relación con la anterior. Chile fue considerado por el Virrey del Perú y por el Consejo de Indias, como una colonia de “Frontera”, no sólo de los araucanos sino también de otras potencias europeas. Una provincia donde la urgencia bélica justificaba la permanencia española a costa de cualquier tipo de relaciones con los indios o de modalidad del asentamiento. Por tal motivo fue aceptado el incumplimiento de políticas de orden general impartidas para todas las posesiones coloniales. La Real Audiencia y los gobernadores se dejaban convencer fácilmente por los latifundistas en estas materias y, por lo menos durante el siglo XVII, parecen tener los mismos intereses que ellos. No nos puede extrañar pues que la Real Audiencia de Santiago en 1697, contraviniendo a todas las repetidas disposiciones y leyes vigentes, por medio de un “auto acordado” autorice a un encomendero a trasladar a los indios de un pueblo a su propia hacienda, Tampoco nos parece raro que el año 1707 el gobernador Francisco Ibáñez de Peralta, en una carta al Rey, se niegue a cumplir la última orden de reducir a los indios a pueblos, agregando con cierta sorna, “no es lo mismo discurrir lo que dicta la razón según los estilos y costumbres de Europa, que proporcionarse a el modo con que se ha establecido la dominación y sujeción de este Reino... si se intenta la reducción a los pueblos... no quedará ninguno... porque faltando quienes les cultive los campos de necesidad será preciso que despoblacen el reino”^[¹³^].

Por largos decenios la avidez del latifundio por mano de obra parecía insaciable. De más de cien pueblos de indios, de cuya existencia sabemos para los años de la conquista, quedaban a fines del siglo XVIII alrededor de una docena. En todos ellos vivían más mestizos blancos y otras castas que indios propiamente tales^[¹⁴^]. Se puede tener una idea de la magnitud del problema recordando que, para el año 1700, de la población indígena que moraba en las haciendas del Partido de Itata el 31,4% eran inmigrantes, y en el partido de Colchagua lo era el 60,9%^[¹⁵^].

La esclavitud negra no pudo ser una solución a la falta de fuerza de trabajo de la economía agraria surgente en Chile, fundamentalmente por su alto costo y porque no convenía a la política económica de la Corona^[¹⁶^]. Pero existiendo una “Frontera” de guerra permanente, la esclavitud de los indios rebelados no fue un problema, desde antes de la gran sublevación de 1598, con permiso Real o sin él. Una pequeña parte de estos esclavos se exportó a Lima, donde por 1613 vivían 82 de ellos^[¹⁷^]. Pero la gran mayoría fue ubicada en las haciendas extendidas de Chillán al Norte. Por el año 1700, de la fuerza de trabajo indígena en el interior de las haciendas, en el partido de Itata, el 33% eran esclavos y a ellos habría que agregar un 7,9% más que figuraba en el status no muy claro de “indios de servicio”. En el de Colchagua los esclavos indios representaban un 8,1% del total de trabajadores agrícolas y las formas de semiesclavitud era de un 7,9%^[¹⁸^].

Aunque todas estas categorías de indios labradores recibían, en general, buen trato, junto con algún tipo de participación en las fuentes productivas, como tierras en pequeños lotes, ganado menor, semillas, etc., constituían el estrato más bajo del conjunto humano de la hacienda. Eran también los trabajadores más fáciles de dominar y manejar, ya fuera por medios pacíficos o coercitivos. Un estrato superior a ellos constituían los mestizos y españoles pobres, fijados dentro del latifundio con acuerdo de medierías o inquilinaje. Resulta claro que los primeros predominaban en las haciendas de baja tecnología agrícola y poca racionalización productiva, que tendían más bien a continuar con una base económica ganadera. También, por su bajo costo de mantención y alimentación, eran apetecibles a la minería de cobre y plata del Valle Central y del Norte Chico. El inquilinaje, en cambio, junto con artesanos de especialidad agrícola, eran más requeridos por el latifundio tradicional. No resulta casual que algunos hacendados hagan al gobierno peticiones de indios en calidad de “depósito” —una de las categorías de semiesclavitud— en fechas tan tardías como 1740^[¹⁹^]. O que algunos mineros ---e incluso oficiales reales— entre 1773 y 1783 escriban al ministro José de Gálvez, para insistir en el viejo proyecto de trasladar parte de la población indígena de Chiloé para hacerla trabajar “por mitas” en la minería del centro y norte del Reino^[²⁰^].

Podríamos decir sin exagerar, que el latifundio antiguo absorbió a toda la población rural —puertas adentro— en el espacio de un siglo, dando al Reino un particular paisaje humano. Todos los testimonios de la época están de acuerdo en que hasta entrado el siglo XVIII, el país era, con la excepción de unas pocas ciudades, un yermo extendido desde el desierto del norte a la frontera. Cada curato estaba formado por 5 ó 6 grandes haciendas y se podía cabalgar 20 ó 30 leguas, más de un día de jornada, sin encontrar más que una aldehuela de 8 ó 12 casas, que eran los habitantes de una hacienda. De vez en cuando, al pie de la Cordillera algún trapiche con 10 indios trabajando, alguna casa señorial, con bodegas y corrales; en la costa cada grandes trechos, pequeñas comunidades de pescadores con 6 u 8 familias^[²¹^].

Fue este el primer triunfo completo del latifundismo. El dominio no se ejerció solamente en un sentido demográfico y económico general, sino también se extendió al aspecto de la distribución espacial, de la estructura social y de la psicología y valores del campesino. Las familias que vivían dentro de la hacienda se ubicaron de acuerdo a las necesidades de las labores del campo. Una pequeña parte de ellas quedaron en las casas e instalaciones patronales, que en los casos importantes solían incluir curtiembre y molinos; y el resto se repartió en los lugares estratégicos de la propiedad, muy a menudo extendida en espacios de 12 a 15 cuadras cuadradas. Se ubicaron familias en los límites de la hacienda, en las aguadas y pastadas, en las cañadas internas de trashumancia, junto a los plantíos o “pampas” de cultivos cerealeros. Salvo pues los trapiches mineros, la población campesina no formó por estos años verdaderos pueblos en la hacienda.

El hacendado quitó y puso personas a cada familia, hizo y deshizo matrimonios, protegió, expulsó, vendió o “conchavó” peones en sus tierras. Pero en cierto sentido se sintió mucho más comprometido en la defensa de sus peones que lo que antes los encomenderos entendieron por “protección” de los indios de sus encomiendas^[²²^].

A principios del siglo XVIII, en materia de matrimonios, imperó la política de no dejar mujeres solteras o viudas sin casarlas o “juntarlas” en simple convivencia. Por ello, dentro de un altísimo promedio de ilegitimidad en los nacimientos, hay relativamente pocas viudas y solteras. Por el mismo motivo las edades de los “matrimonios” son sumamente dispares y distintas a lo que teóricamente debieran haber sido, siendo corrientes los matrimonios de hombres de entre 15 y 18 años de edad con mujeres de 30 a 50 años^[²³^]. Respecto a los sexos, es claro que esta retención de población dentro de la hacienda se ejercía más a través de las mujeres que de los hombres, como durante todo el siglo XVII había sido más fácil conseguir mujeres que hombres por compra, rapto, “conchavos”, depósito de huérfanos, etc. La mujer casada era el foco de retención. Se le daba el usufructo de pequeñas parcelas, algunos animales, etc., de modo que si enviudaba o era abandonada quedaba viviendo —ella y su prole— en el predio y se le conseguía o imponía otro “marido”. Este mecanismo —contrariamente a lo que se supone hasta la fecha— da un fuerte sabor a matriarcado a la familia rural de la época.

Debido a las epidemias que frecuentemente azotaron los campos chilenos a lo largo del siglo XVIII, la orfandad fue un fenómeno corriente y de grandes proporciones, que aumentaba después de cada “peste”. Se acostumbró que los corregidores y sus tenientes —que eran latifundistas-- y también los curas párrocos, dominados por los latifundistas, recogieran a los huérfanos y los repartiesen en custodia entre los hacendados de la región. Lo mismo ocurría con las mujeres cuya manera de vida provocaba escándalo y mal ejemplo. Fue tanta la costumbre, la avidez de los hacendados por controlar a la población, que la retención de huérfanos se convirtió en un importante motivo de lucha y litigios entre ellos^[²⁴^].

Todo anduvo sin problemas para el latifundio antiguo en relación al control de la población rural hasta los primeros decenios del siglo XVIII, en que comenzaron a producirse fenómenos nuevos o a variar la intensidad de otros ya conocidos por los terratenientes. Los más importantes fueron: 1) el aumento de la población; 2) la apertura constante del mercado triguero peruano; 3) la mayor importancia de una economía minera en la zona central y norte Chico, y 4) los cambios en la infraestructura de producción y circulación que los fenómenos anteriores significaban.

La política demográfica mantenida por el latifundio antiguo, tenía como constante de fondo la abundancia de la producción agrícola e incluso el desperdicio de ella por falta de comercialización. La población creció moderada pero constantemente desde mediados del siglo XVII, pero el latifundio, con márgenes muy reducidos de utilidad y con racionalización creciente de la empresa, no pudo amparar y absorber permanentemente los saldos demográficos cada año más abultados. Empezó entonces a expulsar sobrantes de población, que sólo parcialmente llegaron a ser empleados por las minas y que comenzaron a dirigirse a las ciudades, a agobiar los pocos poblados de indios, a constituirse “espontáneamente” en comunidades de pescadores y rancheríos que presionaban sobre los contornos y entradas de las haciendas.

La nueva inclinación triguera del latifundio fue produciendo profundos cambios en el ambiente rural. Ahora, más que pastores y cuidadores, los productores requerían mano de obra estacional, que estuviera a la mano en alguna parte, pero no necesariamente viviendo dentro de la hacienda. La construcción de nuevos caminos, más facilidad de regadío, la mantención de la arriería que creció enormemente, la fabricación de arneses, arados y elementos de roturas del suelo, contenedores de grano, etc., pudieron absorber nueva mano de obra. Pero la tendencia era que la hacienda pudiera alcanzar un cierto tipo de “servicio”, que la abasteciera de todo ello y no tener que costearlo cada una como unidad productiva aislada. La minería tampoco estaba en condiciones de crear por sí sola una infraestructura de servicios y transportes. Junto a todo ello, y en parte por los mismos efectos de las nuevas modalidades de producción y por el crecimiento demográfico, se formó y creció rápidamente el vagabundaje y el bandolerismo^[²⁵^].

La única solución al problema fue compartida por los gobernantes, la iglesia y los empresarios privados y no fue otra que la fundación de ciudades y villas, que absorbieran a esa población flotante y proveyera de una base urbana de apoyo a los nuevos servicios que el agro y la minería requerían. Para el gobierno y la iglesia la solución no era nueva, ya que desde el comienzo de la expansión se había empleado “lo urbano” como un complejo de dominio y organización de la nueva sociedad. Para los latifundistas, en cambio, si lo fue pues significaba un cambio drástico en el proceso del control de la población rural. No podríamos decir por ello que hubo un apoyo unánime de parte de los hacendados a la Real Cédula de 1703, cuyo primer resultado fue la fundación de la Villa de Quillota en 1717, y a la creación y actividad de la Junta de Poblaciones. Pero sí podríamos decir que la mayoría de ellos ayudaron en el proceso de fundaciones como una salida a los nuevos problemas. San Felipe, entre otras villas, se fundó el año 1740 con la aprobación y ayuda de 34 hacendados de la región, San Javier de Loncomilla en 1755 por 43 hacendados de la zona, La Villa de Parral en 1788 por 18 de ellos, en fin, Linares en 1795 por 86.

Si la fundación de villas solucionaba parte de los nuevos problemas del latifundio, la proliferación indiscriminada de ellas resultaba un peligro inmediato. Como el proceso de fundación de villas, demasiado rápido, se les escapaba de las manos, los hacendados terminaron por oponerse a ello encarnizadamente. El Cabildo de Santiago, donde el grupo dominaba, escribió una carta al Rey en 1755, que es muy ilustrativa. Acusa en ella al gobernador Domingo Ortiz de Rozas, Conde de Poblaciones, de impulsar la creación de ciudades nada más que por recibir honores, “... y así insiste a los labradores, les supone bienes que no tienen y aún les mejora naturaleza, haciéndolos de mestizos y mulatos españoles...”. Hablando de otros gobernadores dicen que pueblos como Los Ángeles, y Tutubén se crearon con métodos francamente compulsivos. Luego atacan a los mineros diciendo que a rancheríos como La Ligua, Longotoma, Illapel, Choapa, etc., les han conseguido categorías de Villas sólo porque convienen a sus labores, agregando que, de este modo, se acabarán los campesinos e inquilinos^[²⁶^]. Una clara prueba de que la creación indiscriminada de villas no gustaba a los latifundistas es que, incluso habiendo ayudado a veces a su creación, unos pocos nunca edificaron casa en ellas, otros, teniéndola, nunca vivían más de uno o dos meses seguidos allí, de modo que como se decía en la época éstas parecían “despobladas”^[²⁷^].

Los frentes adversos al latifundio y la recaptura del poder

Al promediar el siglo XVIII el latifundio tradicional, casi recién nacido, había acumulado tal cantidad de problemas que debió adoptar una serie de políticas bien definidas y constantes para sobrevivir. La lucha contra estos frentes adversos le dio una consistencia definitiva, le permitió crecer y no solamente reconquistar aquellos componentes del poder que estaba perdiendo sino adquirir casi todos los otros, que aún no había alcanzado.

En esta larga lucha por el control total nunca tuvo el latifundio tradicional un grupo o poder regional que le opusiera un verdadero frente contrario. Por una parte la sociedad nacional había llegado a un grado suficientemente complejo como para que se produjeran múltiples interrelaciones de grupos e intereses, donde el latifundio no podía estar ausente. Por otra parte, los hacendados habían adquirido ya suficiente poder como para que ningún otro grupo o élite pudiera hacer nada sin consultar sus intereses. Todas las relaciones conflictivas que ahora examinaremos, están pues montadas sobre este tipo de circunstancias que relativizan, y a veces minimizan, las confrontaciones de luchas por el control del poder.

Las relaciones entre latifundistas y la iglesia son un buen ejemplo de lo que venimos diciendo. Estas se daban en realidad en dos niveles: uno de carácter global, que adoptaban los Obispos y otras dignidades eclesiásticas y que se referían a cuestiones religiosas y sociales y también a asuntos económicos en que la iglesia pudiera tener incumbencia. El otro era a nivel local y provincial y su efectividad dependía del mayor o menor celo que pusieran los doctrineros y curas párrocos en el cumplimiento de las órdenes que emanaban de sus superiores. Nunca pudieron los grandes propietarios oponerse abiertamente a los designios emanados de los Obispos, Santo Oficio, Concilios y Superiores de distintas Ordenes, pero sí supieron como mediatizar y contrarrestar lo que les pudiera resultar nocivo de estas políticas a nivel de parroquias o conventos provinciales.

Al nivel provincial existió, a menudo, una comunión de intereses económicos entre una iglesia, que era tan latifundista como los hacendados y que se unía a ellos en sus problemas de mano de obra, de regadío, de fletes, etc. En efecto, muchos de los curas de un distrito parroquial fueron hacendados^[²⁸^]. A fines del siglo XVIII y en el siguiente, por otra parte, se acentúa la costumbre de las grandes haciendas de tener oratorios y sacerdotes en la misma hacienda, de modo que la familia, la clientela del latifundista y el sacerdote, aparecen a menudo como un solo núcleo. El viajero Schmidtmeyer, por el año 1820, nos cuenta que cuando fue invitado a una casa señorial de un hacendado del norte chico, se encontró ante una inmensa mesa, donde además de la interminable familia del hacendado, devoraban guisos tras guisos, “un sacerdote, un mayordomo, un tendero y otros...”^[²⁹^].

La mayoría de los problemas entre latifundistas y sacerdotes derivaban de conflictos y odiosidades personales —a menudo por los mismos intereses-- en lugar de venir de sistemas o ideologías distintas. En 1769, un típico caudillo agrario regional, hacendado y comandante del Fuerte y Villa de Santa Bárbara, se ve acusado de comercio ilícito con los indios de guerra, de amancebamiento, abuso de poder, etc. El problema era que se había peleado con otro poderoso hacendado de la región, que resultó ser “allegado” al Obispo de Concepción. El Obispo ordenó al sacerdote del lugar iniciar el proceso por amancebamiento escandaloso, pero el cura del lugar formaba parte del séquito del comandante, de modo que fue imposible dirimir el problema y hubo de intervenir la Real Audiencia de Santiago^[³⁰^].

Desde el punto de vista económico y de una manera general, la iglesia dependía del latifundio por el pago del diezmo, las donaciones, las dotaciones de misas, las dotes y las capellanías. A su vez, los propietarios de la tierra tenían a las órdenes religiosas y a los Cabildos Eclesiásticos como uno de los pocos recursos de créditos, especialmente si recordamos que las Cajas de Comunidades de Indios prácticamente no existían en Chile desde mediados del siglo XVII. El primer enfrentamiento entre latifundio e iglesia sobre este punto se produjo en 1647, a propósito del descalabro económico acarreado por el terremoto que destruyó a Santiago en el mismo año. Los hacendados no pudieron pagar los créditos de los censos eclesiásticos y la iglesia no pudo tomar la revancha del remate de las propiedades, que habían sido puestas como fianzas de los préstamos, porque las casas estaban destruidas y las tierras no tenían comprador. Finalmente los cosecheros consiguieron arreglos individuales con la institución de crédito, pero no hubo un acuerdo total^[³¹^].

Un nuevo y más grave caso se presentó en 1790. La expansión agraria del siglo XVIII se financió en gran medida con dineros eclesiásticos, pero las órdenes religiosas fueron subiendo los intereses de los préstamos de un 4 a un 5 y aun al 6% anual. Cuando caían los precios por la abundancia de trigo y cordobanes, la especulación de los importadores limeños o la escasez por años de sequías, los cosecheros discutían el interés usurario de los préstamos. El escándalo mayor se produjo cuando los hacendados consiguieron, en 1790, que el Gobierno interviniera en el intento de disminuir los servicios de las deudas desde un 5 a un 3% anual. Nada se consiguió finalmente, pero a lo largo de los autos del proceso quedó claro que en ese momento no había prácticamente ningún hacendado del Obispado de Santiago que no estuviese endeudado con la iglesia^[³²^].

No fueron menos complejos los problemas y querellas suscitadas entre grupos de latifundistas y la economía minera. Dejando por el momento de lado el problema de la mano de obra, que se tiende a solucionar sólo a fines del siglo XVIII, a través de una relativa abundancia de población, hay otros temas de interés: es el de los recursos y el del control de las villas mineras. El conflicto por el uso de recursos naturales surge desde un principio, cuando se comienzan a descubrir y a trabajar minas de plata y oro, de cobre y plomo en el Norte Chico y en valles y faldeos cordilleranos de la Zona Central. Por lo general estas minas estaban ubicadas dentro de haciendas ya ocupadas por productores agrícolas y, en un principio por lo menos, no fueron explotadas por los mismos hacendados propietarios. En muchos casos hubo acuerdos simbióticos que favorecieron a ambas partes. El hacendado arrendó lotes de tierra anexas a las minas, vendió alimentos y otros implementos, permitió la circulación de tropillas de carga y de trabajadores, a veces también cobrando por ello. Por lo general todo esto se estipuló en compromisos firmados ante notarios^[³³^].

En otras ocasiones no hubo acuerdo entre estos dos sectores productivos y se encendieron luchas que no solamente pararon en problemas judiciales, sino también en enfrentamientos entre bandos armados y con la intervención del gobernador y las milicias del lugar, que generalmente lo hicieron tomando la causa y bando de los hacendados. Resultó dramático a veces, y especialmente en el Norte Chico, la disputa por el agua y por el uso de leña que los mineros necesitaban para las fundiciones^[³⁴^].

Cuando algunos asientos mineros crecieron lo suficiente, se instalaron en ellos comerciantes, maestros y arrieros, se construyeron capillas y se formó un verdadero pueblo. Entonces muchos mineros, invocando leyes contenidas en la Recopilación de Leyes de Indias, pidieron se declarara el lugar Real de Minas y que se confiscasen las tierras de las haciendas afectadas, algunas de las cuales habían llegado a arrendar los emplazamientos de los poblados a un peso anual la cuadra. Los latifundistas, muy a menudo con la ayuda de los religiosos del lugar, de corregidores y tenientes de justicia y de los arrendadores de los impuestos de alcabalas y pulperías, contraatacaban diciendo que en estas villas se burlaban todas las leyes y ordenanzas, que sólo servían como centro de expendio de vinos y alcoholes, que no pagaban derechos, que robaban y esquilmaban a inquilinos y peones, que los mineros destruían ganados y cosechas, etc. Solicitaban, generalmente, el traslado de los villorrios mineros a lugares desde donde pudieran ser controlados por la justicia. Pidieron y consiguieron, finalmente, una serie de Ordenanzas que limitaban notablemente la movilidad de los mineros y entregaban a los hacendados el control del comercio local. Se hizo costumbre incluso nombrar para esos lugares a Alcaldes de Minas que eran importantes latifundistas del lugar, a los cuales se les dieron poderes verdaderamente excepcionales, “y en el caso de alguna resistencia mandará apercibir a gentes de armas y llamar a sus capitanes que le den auxilio suficiente, y de esta suerte mandará cumplir con fuerza lo que tengo mandado...”^[³⁵^].

En las dos regiones geográficas diferentes que abarcan nuestro estudio, los problemas y conflictos surgidos entre mineros y hacendados tendieron a solucionarse finalmente en forma distinta. Desde Santiago al sur, en partidos como Maule y Colchagua, el latifundio tradicional, en mayoría y con el dominio previo de otros sectores de la realidad provincial, terminó por sojuzgar totalmente, y en la forma antes descrita, al sector minero. Desde Santiago al norte, en cambio, en el Norte Chico, hubo un entendimiento final a través de empresas mixtas. Los hacendados de aquella zona se rindieron cada vez más a la tentación de participar en las empresas mineras. Siguiendo las actividades productivas y comerciales de los 16 hacendados más importantes de la región de San Felipe, en el año 1780, 10 de ellos se dedicaban también a la minería y 14 de ellos también al comercio^[³⁶^].

Neutralizar las pretensiones de los mineros y mantener bajo control las villas mineras fue sólo una parte de la tarea del latifundio tradicional en el afán de recapturar totalmente el poder en los ámbitos rurales. Como habían sido fundadores de las nuevas ciudades, aunque no necesariamente sus pobladores, tomaron desde un comienzo el control del Cabildo de cada una de ellas y lo mantuvieron férreamente en sus manos hasta el siglo XIX. De este modo pudieron manejar parte de la justicia, el abasto de la ciudad, su comercio y, en buenas cuentas, toda la infraestructura urbana. De nada sirvieron las querellas y cautelosas revueltas de pequeños burgueses, comerciantes detallistas y funcionarios, que pretendieron en diferentes épocas, participar del gobierno urbano local. En 1812 se trató de anular una elección fraudulenta de un primer vocal del Cabildo de Chillán, que había estado tradicionalmente en manos de un poderoso terrateniente del lugar. Este usó la fuerza del Regimiento de los Húsares de Borbón, de Concepción, para triunfar en sus propósitos. Por los autos que se hicieron después del escándalo se supo que el Cabildo se componía de un alcalde que era el mismo hacendado, un segundo alcalde que era su hermanastro, un regidor que era su ahijado, otro regidor que era su primo, otro resultó ser un sirviente pobre del latifundista, a quien éste le prestaba la ropa que usaba en los días de sesión; el único vocal que existía nominado era finalmente su amigo y allegado^[³⁷^].

En materia de comercio las relaciones entre latifundistas y mercados internos y externos se daban, como en el caso de la iglesia, en dos planos muy diferentes. Uno en el comercio mayorista y de menudeo en los ambientes provinciales. Otro, en el mayorista de exportación, que se conectaba con el gobierno del Reino y el virreinal, dependiendo de los Consulados y, en último término, sujeto a los grandes monopolios y capitales, que operaban fuera del alcance inmediato de los hacendados.

Es de imaginarse que el primero, cuando se ejercía fuera de las áreas urbanas importantes, llegó a ser totalmente controlado por el latifundio. No pudo ser de otro modo. La “Ordenanza de pobladores”, que había redactado la Junta de Poblaciones el año 1745, estipulaba la libertad y algunas franquicias de que podían gozar los comerciantes que se instalaran en las nuevas ciudades. Estas fueron aprovechadas de inmediato por los hacendados del lugar, que también eran “primeros pobladores” y que, además, tenían especies que vender y créditos de los mercaderes que desde las grandes ciudades se dedicaban a importar^[³⁸^]. La mayoría de los pequeños comerciantes que se establecieron en las villas terminaron por abastecerse en las haciendas que las rodeaban, y los hacendados, incluso los que no vivían en los pueblos, acostumbraron a instalar tiendas, mediante “factores” que los representaban. La situación llegó, en ocasiones, a tal abuso que los habitantes de las villas tuvieron que salir a las haciendas de las inmediaciones para proveerse de alimentos, telas, azúcar, herramientas, etc. ^[³⁹^].

Pocas veces los aldeanos pudieron juntarse y formular quejas al gobierno central sobre los abusos de los latifundistas en materia de comercio, pero ocurrió de vez en cuando. Por ejemplo, lo hicieron en 1789 los pobladores de San Fernando, a través de un procurador, cuyas gestiones motivaron la visita de un Fiscal de la Real Audiencia de Santiago, que tomó declaraciones en el Cabildo a los habitantes de la ciudad. Se desprende de estas declaraciones que los Corregidores y el Cabildo eran culpables de mantener a San Fernando y otros pueblos de la zona en un estado calamitoso y a la vez monopólico del comercio, al ser ejecutantes de los intereses de los terratenientes de Colchagua y de sus delegados comerciales. El monopolio era absoluto, incluso los cobradores del diezmo no encontraban arrieros para trasladar las mercaderías de sus cobranzas a Santiago o Valparaíso, sin la anuencia de los cosecheros ^[⁴⁰^].

En materia de exportaciones agrícolas chilenas, fundamentalmente de trigo, la acción del latifundismo fue más completa y de menos éxito, como que en realidad era este un problema ligado íntimamente con lazos más generales de dependencia política y económica. Al estudiar el tema queda claro, por otra parte, que el latifundismo chileno en raras ocasiones actuó como un grupo unido y uniforme ante los abusos de situaciones monopólicas, bloqueos, fijaciones arbitrarias de precios, etc., que fueron comunes en este comercio. Aunque sí lo hizo en contra de bodegueros y embarcadores que operaban en el Reino. La razón de estos desuniformes movimientos del grupo latifundista chileno, es que mostraba grandes diferencias internas, provenientes de relaciones de dependencia. Relaciones que se materializan en la existencia de hacendados más importantes que otros, más poderosos económicamente y más cercanos a las corrientes exportadoras. Ellos mantenían al resto en un segundo plano, y a otros incluso en un tercer lugar, lo que a menudo impedía una comunidad de intereses que los hiciera presentar frentes unidos y eficientes ante los grandes problemas de la comercialización de exportación.

Visto el asunto desde otro ángulo, podríamos decir que en cada región productora había uno o dos propietarios que compraban y comercializaban la parte más valiosa de la producción local. Otorgaban facilidades y créditos para mantener la sujeción de los más modestos, en una línea descendente de poder que terminaba en los minifundistas de la localidad. A viajeros y observadores del agro chileno de principios del siglo XIX, como Charles Darwin o Peter Schmidtmeyer, les llamó la atención la gran cantidad de pequeños propietarios que se dedicaban a vender el trigo en verde en muchas regiones del país, de tal modo que este producto solía ser más caro donde se producía que en Valparaíso, donde se almacenaba y embarcaba^[⁴¹^].

Hubo entonces uniformidad de criterios para dominar el comercio interno pero no en relación a las exportaciones. De vez en cuando, sin embargo, surgió entre los cosecheros unanimidad de criterios como para forzar al gobierno colonial a tomar medidas que favorecían las exportaciones. Así sucedió cuando en 1772 fue aceptado por la Corona un proyecto que se originó en el Tribunal de Cuentas de Santiago. Este pretendía dejar la costumbre de arrendar el cobro de alcabalas y almojarifazgo del trigo y harinas, en sumas convencionales, y efectuar su cobranza en los lugares de producción por burócratas nombrados especialmente para el efecto. Cuando comenzaron a llegar a los Partidos formularios impresos con los tarifados de la cobranza del impuesto se levantaron tales protestas, que el Cabildo de Santiago debió recoger los reclamos de todo el Reino y efectuar un Cabildo Abierto, al que asistieron representantes de todos los grupos de poder, incluyendo la iglesia. Se nombraron cuatro diputados que negociaron con el gobernador la suspensión total de la medida y la renuncia del Contador Mayor del Tribunal. Con esto volvió la calma y cesaron de circular grupos de hacendados e inquilinos armados por las calles de las ciudades, desapareciendo también momentáneamente los panfletos y poemas injuriosos para el Gobierno, que sobre el tema circulaban en Santiago^[⁴²^]. El año 1781, los latifundistas alcanzaron otro triunfo, cuando obtuvieron del gobierno el derecho de nombrar diputados e inspectores, para vigilar el volumen y la calidad de los trigos almacenados en las bodegas de Valparaíso, para evitar la baja de precios que pretendían los embarcadores por el deterioro de la calidad de éstos por los largos almacenajes^[⁴³^].

Como puede verse la consistencia y efectividad de las acciones de los grupos de latifundistas fueron creciendo en la medida que se llega al fin del siglo XVIII. Es esto especialmente cierto cuando se trata de la burocracia estatal. Al fin y al cabo, por esos años, el Gobierno Central y parte de la burocracia provincial era lo único que no estaba totalmente en sus manos. Para los dos últimos decenios del siglo hay síntomas claros que indicarían que el latifundismo estaba preparado ya para dominar también los sectores urbanos importantes, como ya lo hacía con las villas.

Entre los frentes adversos al latifundio hay que mencionar aún otros. A lo largo del siglo XVIII se puede encontrar, a nivel provincial, grupos de pobladores que viven en las villas a los que con precauciones y dudas podríamos llamar burgueses. No poseen tierras y tienen frecuentemente actitudes agresivas contra los terratenientes y sus representantes. Es un grupo irreverente e importuno, molesta y hace mofa de todo lo tradicional, pero especialmente de los hacendados de apellidos de alcurnia, del clero y de las justicias cuando no son de la burocracia estatal. Los Cabildos, por su parte, la iglesia y la justicia los persigue enconadamente a través de juicios, que genéricamente se denominaron “por vagos y mal entretenidos”. En realidad en este rubro de acusaciones judiciales caen también vagabundos, rateros, borrachos y delincuentes, la picaresca rural de la época, pero también —y son estos los que nos interesan— maestros, pequeños comerciantes, notarios, encargados de estancos y cobradores de impuestos, etc., que claramente no son campesinos. Hay, curiosamente, también mujeres en el mismo grupo, a las que, generalmente se les persigue por “mal habladas” o por concubinatos.

Para tipificar la actitud agresiva e irreverente de ellos, podría mencionar, entre otros, un juicio que se realizó en la ciudad de Chillán en el año 1757, en contra del “estanquero” de la ciudad, por “mal entretenido”. Se le acusó de no respetar la honra de los religiosos, ni de las mujeres viudas, solteras y casadas de la ciudad. De inmiscuirse en la forma en que se administraba justicia, de leer la correspondencia ajena, de ser irreverente y hacer bromas excesivas a las familias y propietarios importantes del lugar, etc. El juicio se vio entorpecido por otros individuos de la ciudad que impedían las sesiones con desordenes —estaban “engavillados” según el decir de la época— por ello se envió a las autoridades de Santiago, pero desde allí sólo se expidió una amonestación con amenaza de destierro de Chillán^[⁴⁴^].

Lo que bien podría ser muestra de una burguesía naciente era molesta pero no peligrosa. Otra cosa sucedía con los vagabundos, ladrones de ganado y bandoleros, que eran en realidad grupos distintos, pero que, según la ocasión, también trabajaban de peones montados, arrieros y mineros. En la minería de la segunda mitad del siglo XVIII por ejemplo, existió un grupo bastante numeroso de mineros ocasionales que más bien compraban mineral robado, se dedicaban al juego y a la venta de licores. Siempre se les veía acompañados de mujeres de dudosa reputación, andaban fuertemente armados y eran temidos por su violencia y agresividad; se les denominó “lachones” y se llegó a dictar disposiciones especiales contra ellos. Estos grupos flotantes de la sociedad eran muy difícilmente controlables, ya que no tenían domicilio permanente, pero su existencia dio una magnífica oportunidad al latifundismo para terminar de capturar el poder rural.

Hay un proceso de básica importancia en lo que ahora describimos. En realidad el Estado vigilante, absolutista y centralizado, que había llegado a ser el Imperio Español a lo largo del siglo XVI, se transformó en el siguiente, en un aparato estatal débil, vacilante y venal. En el mundo colonial esta situación fue notable en el siglo XVIII, cuando una sociedad y economía mucho más compleja permitió el surgimiento de grupos fuertes, como el de latifundistas. Se habría requerido entonces mayor decisión y recursos para mantener un control centralizado y verdaderamente estatal en todos los territorios de las fracciones coloniales. Había un vacío de poder que fue llenado hábilmente, en este caso, por los latifundistas.

Cuando proliferaron las nuevas poblaciones, aquellos grupos sociales, desconocidos hasta entonces, recorrieron los campos sembrando intranquilidad y descontento en villas y haciendas. El Gobierno central no fue capaz de organizar contra ellos un aparato de justicia, de policía o defensa, que dependiera directamente de él. Pero los terratenientes lo solicitaron y, sin otro remedio, les fue entregado este último resto del poder rural. En efecto, desde antes de la mitad del siglo, a solicitud de los latifundistas interesados, el gobernador comenzó a otorgar títulos de “tenientes de corregidor”, “juez diputado” o “encargado”, etc., junto con el de capitán o coronel de milicias, los que se organizarían en distintos partidos. Los tenientes de corregidores fueron particularmente importantes pues estaban “comisionados, con sus correspondientes despachos para ello del superior gobierno, para prender, causar, y perseguir y buscar ladrones, holgazanes, malhechores y personas sospechosas...”^[⁴⁵^].

No fue necesario que un hacendado aspirara a representar la justicia en el área completa de un partido. Bastaba que pudiera identificar un sector geográfico claro y además la existencia de “vagos, ociosos y ladrones” para solicitar el cargo. Un hacendado del Valle de Putaendo solicitó en 1778, el cargo de “teniente general de corregidor, alcalde hermandad y juez de comisión”, “para conocer en toda naturaleza de causas civiles y criminales” en el mismo Valle, lo que le fue concedido al cabo de unos meses. Por este camino no hubo prácticamente ninguna región del país en que el cargo no estuviese en manos de algún gran propietario^[⁴⁶^].

Los hacendados que obtuvieron estos títulos, acostumbraron a mantener cepos, grillos y habitaciones destinadas a cárceles en las casas de sus haciendas. Consiguieron que toda persona que anduviese en poblado llevara una “cédula” o papel escrito que lo identificara y expresara dónde trabajaba, “siendo continuo el clamor de los hacendados por la facilidad que tienen de admitir peones sin averiguarse a quién han servido y por qué motivo han salido de su servicio, de que resulta defraudarles sus intereses...”^[⁴⁷^]. Como el bandolerismo y el abigeato no disminuyeran, llegaron a conseguir un “bando” del gobernador Ambrosio O’Higgins que los facultaba para propinar hasta 25 azotes a toda persona que fuera sorprendida portando armas blancas, “sin más formalidad que la de recibir previamente dos declaraciones de los sujetos que hagan o se hallen presentes en la aprehensión...”^[⁴⁸^].

Muchas veces esta suma de poder desembocó en abusos que, de vez en cuando, los agobiados aldeanos se atrevían a reclamar a las autoridades centrales. Uno de estos reclamos, efectuado por el Procurador de la Villa de San José de Logroño el año 1794, en contra del subdelegado, un latifundista del lugar, es ilustrativo ejemplo de abuso de poder. Nombró como juez de aguas a uno de sus empleados y le dio, además, el derecho de abasto de carne de la villa, “los pobres de las estancias que siempre han venido a la villa a vender por las calles el carnero, vaquilla o cordero, ya se han retirado, porque se les saca por cada cabeza un cuartillo y sino los traen a la recoba o paga el derecho, pierde la pieza y van a la cárcel”. Arrendó las tierras de indios de las cercanías y cobró por el usufructo de los rastrojos; exigió multas por los ganados que encontraba pastando en el ejido; recibió sobornos por abrir tres casas de juego en el pueblo; tomó presos a los aldeanos y campesinos por cualquier delito y les cobró elevadas sumas de dinero por dejarlo nuevamente en libertad^[⁴⁹^]. Es bien claro pues, que al iniciarse el siglo XIX, el latifundio tradicional había logrado tomar en su mano todos los aspectos del poder rural.

Notas

[1]	Cuadernos de Historia Nº 1, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile. Diciembre de 1981, páginas 87-108
[2]	Propusimos por primera vez esta división en, Rolando Mellafe, “The Latifundio and the City in Latin American History”, The Latin American in Residence Lectures, University of Toronto, 1971.
[3]	Véase sobre el tema, Rolando Mellafe, “Frontera Agraria: El caso del Virreinato Peruano en el siglo XVI, Tierras Nuevas, Álvaro Jara (Ed.). El Colegio de México, 1969, págs. 11-32.
[4]	Rolando Mellafe, “Frontera Agraria...”, ya citado.
[5]	Uno de los elementos claves para detectar el grado de evolución en que se encuentra el latifundio es la contabilidad agrícola. Lo regular es que en la etapa del prelatifundio se lleven cuentas anuales de sólo algunos rubros de comercialización y gastos. En el prelatifundio hay regularmente cuentas anuales o estacionales de insumos y producción comercializada, aunque sin muchos detalles aún, especialmente en el rubro de gastos. El latifundio tradicional, en cambio, lleva cuentas mensuales y detalladas, con subtotales por rubros, etc.
[6]	Rolando Mellafe, “The Latifundio and the City...”, ya citado.
[7]	Estos problemas están tratados en Rolando Mellafe, La Introducción de la Esclavitud Negra en Chile. Tráfico y Rutas. Santiago, 1959.
[8]	Rolando Mellafe, La introducción de la Esclavitud Negra... ya citado, págs. 212 y siguientes.
[9]	Rolando Mellafe, La introducción..., ya citado, págs. 207-212. También del mismo autor, “Las primeras crisis coloniales, formas de asentamiento y origen de la sociedad chilena: siglos XVI y XVII”, 7 Estudios. Homenaje de la Facultad de Ciencias Humanas a Eugenio Pereira Salas. Santiago, Chile, 1975, págs. 117, 135.
[10]	Desde mediados del siglo XVII y hasta el siguiente, el ejército permanente consumía anualmente entre 5 y 8 mil fanegas de trigo y entre 2.500 y 3.000 cabezas de ganado mayor, aunque muchas veces estas cifras se vieron abultadas por negocios de los proveedores y aun de los propios gobernadores. Biblioteca Nacional. Manuscritos de Medina (de ahora en adelante M. M.), Vol. 175, Doc. 3755. Respecto al trigo, se embarcó al Perú, en un comienzo, entre otros cereales, aunque sí en algunas cantidades dignas de consideración en algunos años, como en 1669 en que se despacharon al Callao 2.800 fanegas. Desde 1693 la exportación de trigos y harinas fue permanente. “Carta de la Real Audiencia al Rey. Santiago, 21 de octubre de 1708”. M. M. Vol. 173. Doc. 3679. Información sobre una economía agraria creciente en el siglo XVII se puede obtener en, Mario Góngora, Encomenderos y Estancieros. Estudio acerca de la Constitución social y aristocrática de Chile después de la Conquista. 1580-1660. Santiago, 1970.
[11]	Mario Góngora, Orígenes de los “inquilinos” de Chile Central, Santiago, 1960, pág. 27. René León Echaíz, Nuñohue, 1972, págs. 15-16.
[12]	Idem.
[13]	Fernando Silva Vargas, Tierras y Pueblos de Indios en el Reino de Chile, Santiago, 1962, págs. 227-233 y 147.
[14]	Este problema está tratado en Mario Góngora, Orígenes de los “inquilinos”..., ya citado. Págs. 80-82. Véase también Magnus Morner, La Corona Española y los foráneos en los pueblos de indios de América, Estocolmo, 1970, págs. 293-300 y 258-362.
[15]	Rolando Mellafe y Julio Morales, Migraciones rurales en Chile del siglo XVIII. CELADE. LS/5. Santiago, 1975, pág. 11.
[16]	Se discute el problema en Rolando Mellafe, La Introducción de la Esclavitud negra en Chile. Ya citado.
[17]	Padrón de los indios de Lima en 1631, Lima, 1968, pág. 547.
[18]	Rolando Mellafe y Julio Morales, Migraciones rurales.., ya citado, págs. 17 y 18. Sobre el mismo tema también puede consultarse: Álvaro Jara, Guerra y Sociedad en Chile. Santiago, 1971. Rolando Mellafe, La Introducción... Ya citado, págs. 122-144.
[19]	Archivo Nacional. Capitanía General. (De ahora C. G.) Vol. 15. Fols. 113-115v.
[20]	M. M. Tomo 196. Doc. 4690. Tomo 198. Doc. 4827. Tomo 199. Doc. 4885.
[21]	Fuera de los testimonios corrientes de viajeros y cronistas, para principio de siglo XVIII, entre 1704 y 1710, véanse, por ejemplo: M. M. Vol. 172, Doc. 3633. Vol. 173. Doc. 3659. Vol. 174, Docs. 3705 y 3712.
[22]	En la colección Capitanía General, hay cientos de ejemplos de juicios entablados por hacendados en defensa de familias que viven en sus tierras, a propósito de robos, heridas, raptos y asesinatos cometidos en ellos, por ejemplo, Vol. 292. Fols. 33-42.
[23]	Datos sacados de Visitas de haciendas, realizadas entre 1690 y 1715, contenidas en C. G. Vols. 500-523-538 y 565.
[24]	C. G. Vol. Fols. 410-420v. Vol. 120. Fols. 195-196, 394-397. Vol. 293. Fols. 60-65.
[25]	Mario Góngora, Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVII a XIX). Santiago, 1966. Un buen panorama de las dificultades de la minería por aquellos años se puede encontrar en Marcelo Carmagnani, El Salario Minero en Chile Colonial, Santiago, 1963.
[26]	M. M. Vol. 188, Doc. 4303. M. M. Vol. 198, Doc. 4833.
[27]	Entre otros, Thaddaeus Peregrinus Haenke, Descripción del Reino de Chile, Santiago, 1942, pág. 222. Útil resulta en el tema, Santiago Lorenzo S., Rodolfo Urbina B., La política de poblaciones en Chile durante el siglo XVIII, Quillota, 1978.
[28]	Muchos ejemplos se pueden encontrar en Juan Mujica, Historia de Linares, Santiago, 1945. Gustavo Opazo Maturana, Historia de Talca, Santiago, 1942. René León Echaíz, Historia de Curicó, 2 vols. Santiago, 1968.
[29]	Peter Schmidtmeyer, Viaje a Chile a través de los Andes realizado en los años 1820-21, Buenos Aires, 1947, pág. 254. Otros testimonios parecidos en Thomas Sutcliffe, Sexteen Years in Chile and Peru, from 1822 to 1839, London, 1841, págs. 319-321.
[30]	C. G. Vol. 300, Fols. 124-164v. Otro ejemplo en C. G. Vol. 293, Fols. 82-87v.
[31]	Rolando Mellafe, Las primeras crisis coloniales..., ya citado. Miguel Luis Amunátegui, El Terremoto del 13 de Mayo de 1647, Santiago, 1882.
[32]	C. G. Vol. 164. Todo el volumen.
[33]	Véanse por ejemplo, Notarios de San Felipe, Vol. 10. Fols. 55-56; 141-144, 554-556. Vol. 11, Fols. 526-528.
[34]	C. G. Vol. 251, Fols. 217-339v.
[35]	Entre otros testimonios: C. G. Vol. 27, Fols. 163-166v; Vol. 159, Fols. 34-35v; Vol. 247, Fols. 1-120; Vol. 269, Fols. 11-17 y Fols. 331-378v. De la Recopilación de Leyes de Indias, se invocaban del Libro 4, la ley 8 del título 19 y del Libro 6 la ley del título 13.
[36]	Agradezco al profesor Eduardo Cavieres el haberme proporcionado estos datos, que obtuvo a su vez del Archivo de la Contaduría Mayor y de los Notarios de San Felipe, del Archivo Nacional.
[37]	C. G. Vol. 201, Fols. 53-66. Otros ejemplos en: C. G. Vol. 290, Fols. 234-272, Vol. 223, Fols. 42-68. José Toribio Medina, Cosas de la Colonia, Santiago, 1952, págs. 111-147 y 151.
[38]	José Toribio Medina, Cosas de la Colonia. Ya citado, pág. 253.
[39]	M. M. Vol. 198, Doc. 4833. Peter Schmidtmeyer, Viaje a Chile..., ya citado, págs. 140-141; 253-281.
[40]	C. G. Vol. 939. Pieza 1747.
[41]	Peter Schmidtmeyer, Viaje a Chile..., ya citado, pág. 281. Charles Darwin, The Voyage of the Beagle, New York, 1962, pág. 339. C. G. Vol. 201, Fols. 53-66.
[42]	M. M. Vol. 196. Pieza 4685.
[43]	C. G. Vol. 593. Pieza 1781.
[44]	C. G. Vol. 292, Fols. 225-238. Otros casos en C. C. Vol, 300, Fols. 236-322. Casos de mujeres en: C. C. Vol. 281, Fols. 387-390. Vol. 285, Fols. 225-259.
[45]	C. G. Vol, 302. Fols. 182-200.
[46]	C. G. Vol. 15, F0IS. 110-111. Otros en C. G. Vol. 32, Fols. 1-3. Vol. 52, Fols. 336 y 336-337v, Vol. 128, Fols. 362-366 y Vol. 141, Fols, 52-53 y 62-62v.
[47]	C. G. Vol. 231, Fols. 187-190v.
[48]	C. G. Vol. 131. Fol. 327-340.
[49]	C. G. Vol. 128, Fols. 362-366. Otro caso en C. G. Vol. 302, Fols. 201-214v.

INSTRUCCIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

2007-09-13T20:00:00.000-07:00

INSTRUCCIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
CURSO DIURNO: CÁTEDRA DE HISTORIA COLONIAL UBO

1. Leer el documento relativo a las Actas del Cabildo de Santiago.
2. Seleccionar las citas de las Actas del Cabildo de acuerdo al tema elegido por cada grupo, tomando el texto formato word y reorganizando las citas con criterios temáticos.
3. Completar la selección documental realizada con una revisión bibliográfica (de la bibliografía del curso) o con bibliografía complementaria.

2007-08-15T16:15:00.000-07:00

HISTORIA COLONIAL: REVISION DE FUENTES IMPRESAS

ACTAS DEL CABILDO DE SANTIAGO

COLECCIÓN DE HISTORIADORES DE CHILE Y DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA HISTORIA NACIONAL

ALFREDO GOMEZ ALCORTA

REVISION DE FUENTES IMPRESAS: ACTAS DEL CABILDO DE SANTIAGO

VALOR DOCUMENTAL DE LAS ACTAS DEL CABILDO

Las Actas del Cabildo de la ciudad de Santiago contituye el conjunto de fuentes editadas más valioso actualmente existente. Entre sus páginas se muestra la vida colonial santiaguina, ilustrando fielmente mÚltiples y diversos aspectos de su desenvolvimiento social, cultural, religioso y cívico, a la vez urbanístico y arquitectónico de la, otrora, ciudad colonial.

Estas fuentes documentales contienen en gran medida el pulso de la vida colonial y todas las problemáticas de su desarrollo social y urbano. Su gestación y mantenimiento se la debemos al concepto de vida comunitaria, a la vez de elítica, de quienes se constituían como vecinos de la ciudad. Desde muy temprano la sociedad conquistadora fue normándose bajo reglas muy específicas tanto en el posicionamiento social como en el acceso a las tierras productivas. El reconocimeinto social del hombre de la conquista y la colonia temprana le valío su acceso como vecino y cabildante en este organo de administración de la ciudad.

El cabildo de Santiago, en atribuciones y problemas, dista mucho del actual municipio. Muy tempranamente el cabildo tomó a su cargo cuestiones de tipo económico - productivo, a la vez de moral e ideológico; acciones comunitarias frente a las inclemencias del tiempo, etc. El hombre colonial va a expresar, en estos documentos con nitidez, su mentalidad religiosa que invade el mundo de lo público y lo privado, controla la vida de los individuos de la ciudad y con celo dirige la moral pública de españoles e indígenas. El Cabildo no solo distribuye las tierras, sino también cuida del aseo y cuidado de la ciudad, determina y controla las obras públicas como caminos y puentes, construcción de canales y acequias, y además determina la distribución de aguas. A la vez nombra funcionarios que ejecutan sus mandados, administra molinos, hospitales, controla el mercado y las pulperías, mantiene el abasto de la ciudad y administra el tráfico de productos desde las bodegas de Valparaiso a Santiago, entre otras funciones.

En estos documentos observamos una sociedad colonial altamente centralizada, en que la ciudad no solo es un espacio físico, en ella se resume también la vida comunitaria, sus necesidades y sus frustraciones. Los miedos colectivos a lo indómito del territorio también se expresan una y otra véz en sus páguinas. Una lectura sistemática de estas fuentes puede ayudarnos a comprender mejor una Historia Social y Urbana para Santiago.

DESCRIPCION DE LA FUENTES Y PROBLEMAS DE NATURALEZA HISTORICA

Las Actas del Cabildo de Santiago están contenidas en la Colección de Historiadores de Chile y de Documentos Relativos a la Historia Nacional, magnífica obra iniciada por Juan Pablo Urzúa (1825-1890) hacia 1861 y que continuara José Toribio Medina. Medina publicó las Actas del Cabildo desde el volumen XVII de la Colección con el tomo II hasta llegar al tomo XIX con la edición de las actas por el Centenario de la independencia de Chile, continuando hasta el volumen XLIV. Sería la Sociedad Chilena de Historia y Geografía la que continuaria la edición de los volumenes consignados en el siglo XVIII. La colección en su conjunto quedaría de este modo:

_______________________________________________________________

TOMO COLECCION AÑO TOMO ACTAS AÑOS PAGUINAS

_________________________________________________________________

I 1861 1 1541 - 1557 ---

XVII 1898 2 1558 - 1577 531

XVIII 1899 3 1578 - 1581 358

XIX 1899 4 1582 - 1585 287

XX 1900 5 1586 - 1595 665

XXI 1900 6 1603 - 1606 372

XXIV 1901 7 1609 - 1613 469

XXV 1901 8 1614 - 1621 553

XXVIII 1902 9 1622 - 1627 506

XXX 1905 10 1628 - 1633 492

XXXI 1905 11 1634 - 1639 453

XXXII 1906 12 1640 - 1644 445

XXXIII 1906 13 1645 - 1649 468

XXXIV 1906 14 1650 - 1654 533

XXXV 1908 15 1655 - 1659 538

XXXVI 1908 16 1660 - 1664 448

XXXVII 1909 17 1665 - 1669 412

XXXVIII 1909 18 1670 - 1675 500

XXXIX 1910 19 1810 - 1814 359

XL 1911 20 1676 - 1680 448

XLI 1913 21 1681 - 1684 366

XLII 1913 22 1685 - 1691 448

XLIII 1914 23 1692 - 1696 452

XLIV 1915 24 1697 - 1705 484

XLVI 1935 25 1706 - 1709 490

XLVII 1941 26 1710 - 1714 490

L 1948 27 1715 - 1722 490

LI 1953 28 1723 - 1728 351

LII 1982 29 1729 - 1734 263

LIII 1983 30 1735 - 1740 185

LIV 1983 31 1741 - 1746 161

LV 1983 32 1747 - 1748 218

LVI 1987 33 1759 - 1770 229

LVII 1989 34 1771 - 1782 231

LVIII 1990 35 1783 - 1794 251

LIX 1992 36 1795 - 18O9 217

________________________________________________________________

La obra se constituye por 36 volúmenes, donde constan 268 años de vida colonial y 4 años de vida republicana.

Del porqué de la distribución de la información contenida en estas fuentes; en la medida en que pasan los años la presencia del Estado español se torna poderosa y vá opacando las atribuciones del Cabildo. Esto se observa en la cantidad de información y capacidad de gestión del cabildo durante los siglos XVI y XVII. Entrado el siglo XVIII esta sociedad vecinal se concentra en el desarrollo urbano y cívico de la ciudad. Su sentido comunal, más propio de un villorrio colonial es avandonado a fuerza de crecimiento y cambio social. El Chile de la conquista daría paso a una sociedad multiétnica y policultural que aún no alcanzamos a comprender, ni siquiera a vislumbrar en su complejidad.

Una visión literaria de la ciudad colonial de Santiago, construida quizas por las noticias que desde ella llegaban a Lima, hecha por el padre Antonio Vasquez de Espinosa, nos muestra un esbozo de su roztro y caracteres sociales en formación:

"La ciudad de Santiago de Chile fundó, y pobló el gobernador Pedro de Valdivia a 24 de año de 1541, que fue la primera del reino, corte, y cabeza de él, la cual está en un llano de la ribera del río Mapocho, 18 leguas del puerto de Valparaiso, y cinco de la Cordillera Nevada, que tiene al oriente, por esta parte tiene un cerro llamado de Santa Lucia que le hace algún abrigo, en 33 grados antárticos. La ciudad está sujeta a inundaciones, cuando viene el rio de avenida, aunque se le ha hecho algun reparo de estacas y terraplenes, coge sitio de una muy populosa ciudad, porque todas las casas tienen grandes sitios con huertas y jardines dentro de ellas. El año de 614 tenía catorse cuadras de largo este oeste por la ribera del río, seis de ancho norte sur, siempre se ha ido edificando, tenía en el referido año de 614, 346 casas, las 285, de muy buen edificio con sus huertas, y jardines con todas las frutas de España, por exelencia buenas, valdrían estas casas unas con otras 4.000 pesos. Las 61 restantes de poco precio; algunas de ellas cubiertas de icho, o paja, había 44 tiendas de mercaderes y pulperías"[1] ( Pág.N° 40 ).

La ciudad, con trazo en damero, ya había dejado su faz de campamento militar que daba paso apretadamente a la vida entre apuros por comestibles y constantes reyertas con las huestes indígenas, para convertirse en un pujante poblado, con amplias huertas que eran cruzadas por acequias extraidas del Mapocho. Así la vida fue sensiblemente menos dura que en aquellos años de la conquista, espacio colonial socialmente configurado donde

"Vivían en las casas referidas 306 hombres casados, y 230 solteros, al presente se ha extendido más la ciudad y se van labrando casas: de la otra parte del río, que llaman la Chimba, hay un arrabal con muchas chacras, o jardines, donde hay olivares, viñas, melocotones, duraznos, membrillos, granadas, peras, manzanas camuesas, albaricoques, ciruelas, guindas, higos, muy buenos melones, y frutillas de Chile que son grandes fresas" (Ibid. Págs. N° 40 y 41 ).

Así, entrado el siglo XVII, la ciudad contaba con una Plaza Mayor donde se centraba toda la actividad comercial, el abasto de productos agrícolas y artesanales de manos indígenas. Como ciudad no solo contaba con Audiencia, sino

"Hay en la ciudad de Santiago Iglesia Catedral, con obispado, y nueve prebendados que la asistan, y sirven, y 35 clérigos con los doctrineros, que acudían a decir misa a las chacras y haciendas. Hay demás de la Matriz dos iglesias parroquiales, que son la de San ázaro, y San Saturnino: cinco conventos, Santo Domingo tenía 70 religiosos, con una renta, una chacra, viña, y una estancia con 6 negros para el beneficio de ella. San Francisco tenía 40 religiosos. San Agustín 30, tenía chacra, y viña con 6 negros para el servicio y beneficio de ella. La Merced 40 religiosos, con alguna renta, chacra, viña y estancia y ganado. La Compañía Tenía poco más de 30 religiosos, con alguna renta, viña, chacra, y estancia con 20 negros para el servicio y beneficio de las haciendas, en este estado estaban las cosas de la ciudad de Santiago de Chile en 614 " (Ibid. Pág. N° 41 ).

La Iglesia se constituía como un brazo dinamizador de la sociedad, además de opresor economías, voluntades y conciencias. Como no, si el territorio era el espacio ideal de una activa cruzada, donde los indígenas no solo eran un campo fértil sino también cientos de mestizos y españoles pobres hacia quienes las acciones del gobierno eran intangibles; hombres y mujeres para quienes

"Tiene la ciudad de Santiago un hospital para curar los pobres enfermos, donde pone el gobernador un mayordomo, para que administre los bienes del dicho hospital, para la cura, y regalo de los pobres enfermos, tiene la renta de 700 pesos de a ocho reales, y otros 700 del medio por ciento, que se le da del noveno; demás de lo referido, tiene molino de pan, chacra, y estancia de ganados; ya han entrado en él para el servicio y cura de los pobres los religiosos de Joan de Dios " (Ibid.Pág. N° 42)

No parece al azar, por otra parte, que halla sido el Cabildo de Santiago el reducto donde se centrara la actividad revolucionaria de 1810, y que éste halla funcionado efectivamente durante el periodo llamado Patria Vieja ( 1810-1814 ). El cabildo se conformó, con el paso de los siglos, de una expresión comunitaria de propietarios con preeminencia social en un aparato de expresión de una burguesía criolla poderosa que entrelasaba sus relaciones sociales entre la iglesia, el ejercito y los circulos intelectuales de la universidad San Felipe.

En este trance, la sociedad, y consecuentemente, la ciudad se trasforman, desarrollandose durante el gobierno colonial importantes mejoras urbanas y trascendentes trasformaciones de gran monumentalidad como lo fueron los Tajamares del Mapocho, las canalizaciones de aguas y los edificios públicos.

Finalmente, esperamos que nuestro trabajo en estos 36 volúmenes proporciones un camino hacia la comprención de problemas poco conocidos a los que la Arqueología Histórica proporciona algo de luz, particularmente sobre el desarrollo urbano del olvidado Santiago Colonial, así como la materialidad de la vida de la antigua ciudad.

FICHAJE Y CRITERIOS DE SELECCION

El conjunto de las Actas del Cabildo han sido sometidas a un fichaje exhaustivo de acuerdo a los siguientes itemes:

A) Plaza - Mercado - Agua (Mercado de Abasto - Plaza de Armas)

B) Madera

C) Entierros - cementerios

D) Tajamar - Rio Mapocho

E) Puentes - Obras Públicas

F) Indígenas

G) Aguas acequias

Bajo estos títulos se engloba un importante número de temas diversos pero atingentes temáticamente a los ámbitos descritos de la letra A a la G. No obstante se dejan diversos itemes para la revisión general sin fichaje específico como nombramientos en cargos públicos (diputados, alcaldes de aguas, alcaldes de minas, etc.), además de recibimientos de gobernadores o lutos públicos por fallecimientos de soberanos.

Se inició el trabajo de recopilación de antecedentes con el sondéo de periodos regulares durante los siglos XVI, XVII y XVIII, específicamente urbanización, comercio, plaza de armas y mercado de abastos.

El criterio utilizado en la selección de información, fue reconocer el proceso de configuración de la plaza mayor y el desarrollo del comercio. Así, las fuentes muestran la importancia del centro de la ciudad como espacio cívico y comercial, y destaca la activa vida urbana que se vuelca en ella a través de la venta de diversos productos y espacio de desembolvimiento de diversos actores sociales que convergen en este cometido. A la vez se observa el pulso de los acontecimientos de esta sociedad urbana como el castigo y exposición pública de criminales y el ajusticiamiento de personas en la vía pública (rodillo), además de observar el desarrollo de diversar obras públicas que van cambiando la fisonomía de este espacio, estos últimos, eventos que puede ser factible distinguir por la arqueología histórica.

Centramos nuestra búsqueda en la continuación de este item desde los origenes urbanos de Santiago, enfatizando en las circunstancias de cambios en la Plaza Mayor y en eventos sociales que determinaron actividades que se desarrollaban en ella, particularmente celebraciones religiosas y cívicas y el comercio. En esta cuestión radica nuestro principal interés, que es mostrar que la actividad urbana se concentraba en la plaza de armas; espacio donde la comunidad se informaba de las diversas determinaciones del cabildo, además de ser el espacio de comercio por autonomacia. El acceso a la plaza mayor determinaba en buena medida la comercialización de los productos, de aquí que el contrabando se efectuara en la complicidad de la noche.

Diversos eventos comprometían la seguridad de la comunidad, no solo las crecidas estivales o invernales del río Mapocho, también la falta de agua y los periodos de sequía ponían en tela de juicio la sobrevivencia de muchas personas. Una cuestión trascendental y que atenderemos en el próximo informe es la aguda crisis ecológica que se registra en la cuenca de Santiago durante la colonia, expresada en la dificultad de adecuación de terrenos de cultivos como en la masiva explotación de los bosques precordilleranos, situación que llevó a racionalizar el uso de leña y maderas al punto de no contar con este recurso vital para cuestiones de importancia como el reparo del río en la avenida de 1621,o para imponer pena capital a quién la extrajera ilicitamente.

[1] Descripción del Reino de Chile extraido de " Compendio y Descripción de las Indias Occidentales" de Antonio Vásquez de Espinosa. Introducción de Sergio Villalobos 1986. Colección Sociedad, Tiempo y Cultura. I.P.E.S. Blas Cañas.

2007-08-15T13:04:00.001-07:00

Creador de la Monumental Historia de Chile. Barros Arana.

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Forjadores de la Historiografía Colonial Contemporánea

Miguel Luis Amunátegui Aldunate (1828- 1888).

En octubre de 1842 se incorpora a la Universidad de Chile como profesor, e inició su participación en el ministerio de instrucción publica. Fue inmediatamente llamando por el rector para que hiciese una memoria histórica que debía presentarse. Leyó el 11 de diciembre de 1843 el prologo de su libro La dictadura de O’Higgins, que se publico poco después y que constituyo uno de los acontecimientos literarios del año. Pocos años más tarde obtenía el premio de la Universidad sobre la mejor memoria de educación, con el libro De la Instrucción en Chile, lo que es y lo que debía ser, en 1847, publicando además ese año el Compendio de Historia Política y Eclesiástica de Chile

Obras

- Biografía del jeneral Borgoño (1848)

- La reconquista española: apuntes para la historia de Chile : 1814-1817 (junto con su hermano Gregorio Victor Amunátegui) (1851)

- Títulos de la República de Chile a la soberanía i dominio de la estremidad austral del continente americano (1853)

- Una conspiración en 1780 (junto a su hermano) (1853)

- La dictadura de O'Higgins (1853)

- De la instrucción primaria en Chile: lo que es, lo que debería ser (1856)

- Compendio de la historia política y eclesiástica de Chile (1856)

- Jeografia de la juventud de Sud-América : redactada según los mejores tratados modernos y mui esmerada en la parte relativa a las repúblicas hispano-americanos, principalmente la parte de Chile (1856)

- Descubrimiento i conquista de Chile (1862)

- La cuestión de límites entre Chile i Bolivia (1863)

Los precursores de la independencia de Chile (1870)

- La Encíclica del Papa León XII contra la independencia de la América española (1874)

- La crónica de 1810 (1876)

- El terremoto del 13 de mayo de 1647 (1882)

- Vida de don Andrés Bello (1882)

- Vida del jeneral don Bernardo O"Higgins : (su dictadura, su ostracismo) (1882)

- Corona fúnebre a la memoria del señor Benjamín Vicuña Mackenna (1886)

Diego Barros Arana (1830-1907)

Diego Barros Arana, historiador y educador, es considerado uno de los intelectuales liberales más importantes del Chile decimonónico, siendo su legado más notable la monumental Historia General de Chile.

A mediados de 1850, inició su obra historiográfica con la publicación de un estudio sobre Vicente Benavides y las campañas del sur. Dos años después, aconsejado por Andrés Bello: "Escriba joven sin miedo, que en Chile nadie lee", presentó su Historia General de la Independencia de Chile. Esta obra le valió ser nombrado miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

En medio de estas actividades educacionales y diplomáticas, los documentos y libros acumulados en sus viajes, dieron como resultado su obra capital, la Historia General de Chile. Esta obra, compuesta por 16 tomos, abarca desde la época precolombina hasta 1833, la cual terminó de escribir en 1902, después de casi 20 años de trabajo.

Obras

- Estudios históricos sobre Vicente Benavides y las campañas del sur: 1818-1822 (1850)

- El general Freire(1852)

Historia general de la independencia de Chile (4 tomos entre 1854-1858)

- Las campañas de Chiloé: (1820-1826) (1856)

- Vida y viajes de Hernando de Magallanes (1864)

- Compendio elemental de historia de América (1865)

- Elementos de geografía física (1871)

- Manual de composición literaria (1871)

- Riquezas de los antiguos jesuitas de Chile (1872)

- Proceso de Pedro de Valdivia y otros documentos inéditos concernientes a este conquistador (1873)

- Mi destitución: apuntes para la historia del Instituto Nacional (1873)

- Rasgos biográficos de Don Melchor de Santiago (1883)

- Historia General de Chile (16 volúmenes entre 1884-1902)

- Elementos de literatura: retórica y poética (1886)

- Compendio de historia moderna (1888)

- Exploraciones geográficas hidrográficas de José Moraleda y Montero precedidas de una introducción (1888)

- La cuestión de límites entre Chile y la República Argentina: los tratados vigentes, las actas de los peritos, actas sobre el arbitraje, mapa de las dos líneas limítrofes (1895)

- El doctor don Rodolfo Amando Philippi: su vida y sus obras (1904)

- Un decenio de la historia de Chile: (1841-1851)

Fuentes documentales recopiladas por José Toribio Medina (1852-1930)

La Biblioteca Americana reúne todo el material recopilado por José Toribio Medina durante sus prolongadas estancias en América y Europa, donde el erudito visitó archivos y bibliotecas, reuniendo una valiosa y abundante documentación inédita.

Este destacado bibliófilo e investigador, recopiló las fuentes documentales que permitieron el desarrollo de la historiografía colonial chilena e hispanoamericana, a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX. Esta colección se compone de 8.431 títulos y es material de consulta indispensable para cualquier estudioso del período colonial americano. La búsqueda de Medina comprendió todo el espacio geográfico colonizado por España desde el siglo XVI; y aunque las temáticas que recoge son variadas, es evidente su especial interés por la literatura, la imprenta y el Tribunal del Santo Oficio.

La prolija compilación realizada por Medina comenzó en 1875 en Lima, cuando fue designado secretario de la Legación Chilena en Perú. En la capital peruana entró en contacto con los antiguos registros de la administración virreinal, depositados en la Biblioteca Nacional del Perú. Ya clara su vocación y antes de regresar a Chile en 1877, visitó Estados Unidos, Francia, España y Gran Bretaña, donde se familiarizó con las más avanzadas técnicas para la organización de bibliotecas y la conservación de documentos antiguos.

De regreso en Chile publicó algunos de sus hallazgos y, por encargo del Gobierno, formó el archivo histórico Capitanía General que contiene el registro del gobierno colonial en Chile durante el siglo XVIII, hasta entonces abandonado en las bodegas del Ministerio del Interior. En 1884, una nueva designación diplomática en Madrid le permitió recorrer detenidamente los archivos y bibliotecas de España. En el Archivo de Indias de Sevilla encontró antecedentes inéditos y muy valiosos para la historia colonial chilena y americana, los que transcribió y puso a disposición de los intelectuales motivados en profundizar el conocimiento del pasado de las jóvenes repúblicas.

De vuelta en Chile, en 1892, su abierta simpatía por el derrotado presidente José Manuel Balmaceda, lo privó del apoyo que hasta entonces le había prestado el Estado para solventar su labor. Esta situación lo llevó a aceptar la invitación del director del Museo de La Plata para radicarse durante tres años en Argentina, donde profundizó sus investigaciones sobre la imprenta colonial.

Sus últimos viajes por Europa y América los efectuó en 1902 y 1912, comisionado por el Gobierno de Chile. En estas visitas aprovechó la experiencia y los contactos de sus viajes anteriores y logró obtener las piezas que faltaban para completar su valiosa colección.

En 1925, esta colección fue donada a la Biblioteca Nacional, donde actualmente se encuentra a disposición del público en la Sala José Toribio Medina y forma parte del patrimonio cultural de la Nación.

Obra

1875 inicia la tarea de recopilación de documentación colonial, mientras cumplía funciones diplomáticas en Lima

1878 Publica Historia de la literatura colonial de Chile

1887 Publica Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima

1888 publica el primer tomo de la Colección de documentos inéditos para la historia de Chile

1890 Publica Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile

1891 Publica Bibliografía de la imprenta en Santiago de Chile: desde sus orígenes hasta Febrero de 1817

1892 Publica Historia y bibliografía de la Imprenta en el antiguo Virreinato del Río de La Plata

1897 Publica Biblioteca hispano-chilena: (1523-1817)

1899 Concluye la publicación de Biblioteca hispano-chilena: (1523-1817)

1899 Publica Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de las Indias

1902 termina la publicación de Colección de documentos inéditos para la historia de Chile: desde el viaje de Magallanes hasta la batalla de Maipo: 1518-1818

1905 Publica Historia de la Inquisición en México

1907 Publica La imprenta en México: (1539-1821)

1912 concluye la publicación de La imprenta en México: (1539-1821)

1925 entrega su colección a la Biblioteca Nacional

Guillermo Feliú Cruz (1900-1973)

Guillermo Feliú Cruz es uno de los intelectuales más brillante del siglo XX chileno, como historiador, bibliófilo, maestro, académico y hombre público.

Nació en Talca el 3 de mayo de 1900, trasladándose unos años después con su familia a Santiago, donde realizó sus estudios en el Instituto Nacional y en el Liceo de Aplicación. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile pero se retiró inmediatamente, para dedicarse por completo a sus lecturas y estudios históricos. Fue desde niño un asiduo visitante de la Biblioteca Nacional y se transformó en un historiador autodidacta bajo la tutela de sus maestros Enrique Matta Vial, José Toribio Medina, Domingo Amunategui Solar y Ramón Laval.

Fue considerado en su época un niño prodigio de la historia: a los 16 años publicó su primer artículo en la Revista Chilena de Historia y Geografía; a los 20 fue designado bibliotecario del Instituto Nacional y a los 21 Conservador del Museo Histórico Nacional bajo la tutela de Enrique Matta Vial. Dirigió, al mismo tiempo, la Revista Chilena.

El 1925, José Toribio Medina donó a la Biblioteca Nacional su biblioteca y propuso a Guillermo Feliú como Conservador de la Biblioteca Americana, actual Sala Medina. Comenzó entonces una carrera en la Biblioteca Nacional que se prolongó por más de treinta años, hasta alcanzar la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, entre 1960 y 1967, periodo en el cual reanudó la edición del Anuario de la Prensa Chilena, fundó la revista Mapocho y organizó un homenaje a Pablo Neruda.

En el ámbito académico desde muy temprana edad comenzó su carrera docente en la Universidad de Chile, en el departamento de historia del antiguo Pedagógico y alcanzó, en 1954, la prestigiosa cátedra de Historia de Chile, dejada por Ricardo Donoso, en la Facultad de Filosofía y Educación. Se le reconoció una intensa labor como maestro destacando entre sus alumnos figuras como Rolando Mellafe, Mario Góngora y Sergio Villalobos.

Como historiador fue, heredero de la ideología liberal y el positivismo histórico de sus maestros. Su aporte fue grandioso, superando las 500 publicaciones, destacaron sus estudios de fuentes históricas relativas al siglo XIX, el género biográfico y la historiografía. Finalmente destacó en la producción y publicación de estudios sobre historia jurídica y de las instituciones, con sus obras sobre la encomienda y la esclavitud.

Mario Góngora del Campo (1915-1985)

Mario Góngora del Campo es considerado uno de los historiadores chilenos más destacados del siglo XX, tanto por su obra historiográfica como por su labor académica desarrollada durante más de treinta años en las universidades de Chile y Católica. Después de haber estudiado leyes en la Universidad Católica, se despertó en él una vocación por el estudio de la historia. Este deseo lo llevó a abandonar la profesión de abogado y comenzar estudios de pedagogía en la Universidad de Chile, donde alcanzó el grado de licenciado en filosofía con mención en historia, en 1944. Un año después, se incorporó a la Universidad de Chile como jefe del Seminario de Historia Universal en la Facultad de Filosofía, iniciando así un carrera académica que lo llevaría a ser profesor titular de historia medieval (1952), encargado del Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales (1953) y director del Seminario de Historia Colonial (1960-1968). A fines de la década de 1960, se integró al Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, asumiendo como director de dicho departamento entre 1975 y 1976. Este último año, fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades y obtuvo el Premio Nacional de Historia. Jubilado en 1977, al año siguiente, se incorporó al Instituto de Historia de la Universidad Católica donde permaneció hasta su muerte en 1985.

Su obra historiográfica en la Universidad de Chile, estuvo consagrada al estudio de la historia colonial e historia social, donde destacaron investigaciones sobre el derecho indiano, el origen de los inquilinos, los encomenderos y estancieros y un notable estudio sobre el vagabundaje rural que fue publicado en la afamada revista francesa Annales économies, sociétés, civilisations, en 1966. Asimismo fue importante su contribución en el campo de la historia de las ideas y mentalidades, donde manifestó su interés sobre el pensamiento escatológico y utópico, la ilustración católica y la tradición. Su última época como historiador, estuvo marcada por el ensayo crítico, que él definía como una “toma de posición frente a diversos fenómenos y problemas del momento presente”. Precisamente su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, se constituyó en su obra más importante, despertando una inusitada polémica en la que participaron destacados intelectuales, demostrándose así el interés que alcanzó su pensamiento en el mundo intelectual chileno.

Sin duda, fue una de las figuras más relevantes de la intelectualidad chilena del siglo XX, situación que queda de manifiesto en las numerosas entrevistas, donde se requería su opinión sobre diversos aspectos de la vida nacional. Su presencia no pasó desapercibida; después de su trágica muerte, numerosas han sido las reflexiones sobre el historiador y su obra: "el más riguroso, metódico y penetrante de los historiadores chilenos del presente siglo", según el historiador Sergio Villalobos, o "La figura más destacada de la historiografía chilena de los últimos tiempos y es, seguramente el más universal en la larga serie de grandes historiadores que ha producido nuestro país" según Ricardo Krebs.

Obras

- El estado en el derecho indiano: época de fundación (1492-1570) (1951)

- Evolución de la propiedad rural en el Valle de Puangue (1956)

Estudios sobre el galicanismo y la "Ilustración Católica" en América española (1957)

- Origen de los inquilinos de Chile Central (1960)

- Los grupos de conquistadores en tierra firme (1509-1530): fisonomía histórico-social de un tipo de conquista (1962)

- Aspectos de la ilustración católica en el pensamiento y la vida eclesiástica chilena (1770-1814) (1969)

- Encomenderos y estancieros: estudios acerca de la constitución social aristocrática de Chile después de la conquista, 1580-1660 (1970)

- Estudios de historia de las ideas y de historia social (1980)

- Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (1981)

- Libertad política y concepto económico de gobierno en Chile hacia 1915-1935 (1986)

- Civilización de masas y esperanza y otros ensayos (1987)

Rolando Mellafe Rojas (1929-1995)

La obra de en conjunto con la de sus colegas Mario Góngora y Álvaro Jara, renovó completamente los métodos utilizados por la historiografía chilena, introduciendo nuevas herramientas de análisis y un enfoque centrado en las grandes estructuras económicas y sociales más que en los acontecimientos políticos y militares.

Su obra, dispersa en múltiples revistas especializadas de Europa y América Latina, abarca distintos aspectos de la historia económica, social y demográfica de Chile y otros países del continente durante el período colonial. Asimismo, es autor de sendas obras sobre la Universidad de Chile y el Instituto Pedagógico. De entre sus obras destacan Diego de Almagro (1954), La introducción de la esclavitud negra en Chile: tráfico y rutas (1959), Breve historia de la esclavitud negra en America Latina (1973), Historia social de Chile y América: sugerencias y aproximaciones (1986), Reseña histórica del Instituto Pedagógico: cien años en la formación de profesores (1988), Sociedad y población rural en la formación de Chile actual: La Ligua 1700-1850 (1988), Historia de la Universidad de Chile (1992), La memoria de América colonial: inconsciente colectivo y vida cotidiana (1994) y Breve historia de la independencia latinoamericana: la formación de las nacionalidades (1997).
En 1986 recibió el Premio Nacional de Historia.

Obras

- Diego de Almagro y el descubrimiento del Perú (1954)

- Barros Arana, americanista (1958)

- Introducción de la esclavitud negra en Chile (1959)

- La esclavitud en Hispanoamérica (1964)

- Breve estudio de la esclavitud en América Latina (1973)

- Demografía histórica en América Latina (1983)

- Historia de la Universidad de Chile (1992)

Álvaro Jara Hantke (1923-1998)

Fue uno de los exponentes más destacados de la nueva historiografía económico-social que surgió en la década de 1950. Su vasta obra, en la que se incluyen numerosas publicaciones en el extranjero, abordó diversos aspectos de la historia económica y social de Chile y América e introdujo nuevas metodologías de investigación que renovaron la historiografía chilena.

De especial importancia son sus estudios sobre los sistemas de mano de obra en el período colonial, sobre la minería peruana durante los siglos XVII y XVIII y sobre el financiamiento del imperio español en América, así como su estudio sobre la guerra de Arauco y su impacto en la conformación de la sociedad chilena.

De entre sus obras, destacan Guerra y sociedad en Chile (1961); Legislación indigenista de Chile (1956); Los asientos de trabajo y la provisión de mano de obra para los no-encomenderos en la ciudad de Santiago, 1586-1600 (1959); El salario de los indios y los sesmos del oro en la Tasa de Santillán (1961); Fuentes para la historia del trabajo en el Reino de Chile: legislación, 1546-1810 (1965); Tres ensayos sobre economía minera hispanoamericana (1966); Problemas y métodos de la historia económica hispanoamerica (1969); Trabajo y salario indígena: siglo XVI (1987); y The Royal treasuries of the Spanish Empire in America (1990), obra escrita en colaboración con John TePaske y Herbert Klein. En 1990 recibió el Premio Nacional de Historia.

Obras

- Pineda y Bascuñan hombre de su tiempo (1954)

- Legislación indigenista de Chile (1956)

- El salario de los indios y los sesmos del oro en la Tasa de Santillán (1961)

- Guerre et société au Chili (1961) (versión en español Guerra y Sociedad en Chile de 1971)

- Fuentes para la historia del trabajo en el Reino de Chile (1965)

- Tres ensayos sobre economía minera hispanoamericana (1966)

- Cautiverio feliz y razón individual de las guerras dilatadas del Reino de Chile (1973)

- Trabajo y salario indígena siglo XVI (1987)

Néstor Meza Villalobos (1913-1993)

Historiador chileno, que recibió el Premio Nacional de Historia en 1980.

Nacido en Retiro, Provincia de Linares, realizó sus estudios primarios en la escuela pública de su localidad y los secundarios en los liceos de Chillán, Talca y Linares. En 1932 ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, graduándose en noviembre de 1936.

Entre 1938 y 1943 dictó sus clases en el liceo de Linares y, paralelamente empezó a publicar sus primeros estudios historiográficos. En 1943, a instancias de Ricardo Donoso Novoa contribuyó al equipo fundador de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza (Argentina) y luego retornó a Chile (1946) y al año siguiente se incorporó al Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile hasta 1984.

Docente e investigador se especializó en el periódo de la fundación de las sociedades hispanoamericanas, especialmente la pugna por la determinación de las relaciones entre encomenderos e indígenas y la política que la monarquía elaboró para regularlas. Se le otorgó en 1980 el Premio Nacional de Historia.

Obras

- Formas y motivos de las Empresas españolas en América y Oceanía: su esencia económico-cultural (1937)

- La formación de la fortuna mobiliaria y el ritmo de la Conquista (1941)

- Régimen jurídico de la conquista y de la Guerra de Arauco (1946)

- Política indígena en los orígenes de la sociedad chilena (1951)

- La actividad política del Reino de Chile entre 1806-1810 (1958)

- La conciencia política chilena durante la monarquía (1958)

- Estudios sobre la conquista de América (1971)

- Historia de la política indígena del estado español en América: las Antillas, el distrito de la Audiencia de Santa Fe (1975)

Sergio Villalobos

Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de Chile. Profesor titular universidades de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex Profesor Universidades de Cambridge (Inglaterra) y de California. Premio Nacional de Historia. Autor de numerosos libros y artículos sobre Historia de Chile.

Este historiador obtuvo el Premio Nacional de Historia en 1992.

Bajo este mismo sello ha publicado, entre otros libros, "Chile y su historia", "El comercio y la crisis colonial", "Para una meditación de la conquista", y recientemente "Chile y Perú. La historia que nos une y nos separa 1535-1883", el que según él mismo sostiene será su último libro de investigación histórica.